El Gobierno ha aprobado el primer tramo de avales públicos por 20.000 millones de euros para garantizar que las entidades financieras otorguen la liquidez necesaria a empresas y a autónomos que se hayan visto afectados por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la expansión del coronavirus Covid-19.
Este primer tramo de avales, que forma parte de una línea con un importe total de 100.000 millones de euros cubrirá el 80% de nuevos préstamos y renovaciones para autónomos y pymes, a los que se destinará la mitad del primer tramo; y se garantizará el 70% de nuevos préstamos para el resto de compañías y el 60% en las renovaciones que realicen estas últimas.
«Damos así cumplimiento al compromiso que tenemos con las empresas, los trabajadores autónomos y las pymes, poniendo en marcha un sistema de liquidez que preserve la actividad productiva y el empleo», ha indicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esta línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumirán el coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos.
CON DEUDAS PENDIENTES O EN CONCURSO NO PODRÁN SOLICITARSE
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
La medida tendrá carácter retroactivo desde el pasado 18 de marzo, cuando entró en vigor el paquete de medidas económicas, de forma que se garantizará la concesión de nuevos préstamos y todas las renovaciones con una vigencia igual al plazo concedido por la entidad financiera con un máximo de 5 años.
Montero ha explicado que esta línea de liquidez servirá para que los empresarios atiendan a sus necesidades de financiación como los pagos de salarios, de facturas, necesidades circulantes, u otras como los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
SE PODRÁ INTRODUCIR ALGÚN AJUSTE EN LAS CONDICIONES
La ministra portavoz ha señalado que a medida que se vaya agotando este primer tramo, entrarán en acción y de forma automática el resto de cantidades hasta completar los 100.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno. No obstante, si por la demanda o situación de mercado se considera necesario algún tipo de ajuste en las condiciones, afirmó que lo acometerían si fuera necesario.
«Esto significa que, evidentemente, habrá más facilidad por parte de los comités de riesgos de los bancos de conceder esas líneas de préstamos, llegando la liquidez a la última línea capilar del tejido productivo», ha añadido.
Montero ha asegurado que los bancos se han mostrado en todo momento dispuestos a colaborar con esta situación de crisis y confía en que serán responsables permitiendo que todo el mundo pueda acceder a las ayudas.
En este sentido, Montero ha dicho que desde el Gobierno no se ha determinado ningún tipo de criterio respecto al tipo de interés aplicable, aunque ha recordado que en los últimos años se han mantenido muy bajos y que la banca se ha comprometido a mantener los costes aplicados hasta antes del inicio de esta crisis.
Con todo, para la portavoz del Ejecutivo la cuestión no radica en el precio de los préstamos, sino en la necesidad de avalar el riesgo para que las entidades tengan un «colchón de seguridad» para hacer frente a operaciones que no siempre tienen tanta claridad como las que se producen en una situación de normalidad.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020, dirigiéndose a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
