El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que hará suyas las reivindicaciones del sector de la hostelería y restauración de la región, «un sector que necesita de una claridad rotunda en cuanto a la vuelta de la normalidad para que la rentabilidad de sus negocios sea la máxima posible», y que ha demandado prolongar los ERTEs por causa de fuerza mayor mas allá del estado de alarma, agilizar los préstamos ICO y bajar algunos impuestos de ámbito municipal.
Así lo ha trasladado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la rueda de prensa para informar de la videoconferencia mantenida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con los representantes del sector.
Franco ha admitido que desde que se anunciaran las fases de la desescalada «para volver a esa nueva normalidad» ha habido, en el caso del sector de la hostelería, «una cierta inseguridad» ante cómo acometer la vuelta a la actividad teniendo en cuenta las restricciones en los aforos que hoy por hoy están establecidas en esa fase de desescalada y que preocupan «intensamente» al sector.
Es por ello que ha recalcado que aquellas reivindicaciones que el sector está trasladando al Gobierno de Castilla-La Mancha las van a hacer suyas y las van a elevar directamente a los correspondientes ministerios y al Gobierno de España en la reunión de presidentes autonómicos que se celebra cada domingo, ha explicado la consejera.
Así, ha ido desgranando cada una de las preocupaciones que tiene el sector de la hostelería. En primer lugar ha informado de que los hosteleros están pidiendo al Gobierno de España que prorrogue los ERTEs por causa de fuerza mayor más allá del estado de alarma y hasta que se pueda volver a producir una cierta normalidad en los hábitos de consumo en el sector de la hostelería y por tanto el retorno de los trabajadores a sus puestos de trabajo íntegramente.
Ha sido en este contexto donde la responsable de Empleo ha señalado que en Castilla-La Mancha, del total de ERTEs presentados, el 20 por ciento corresponde a expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con el sector de la hostelería. «Entre trabajadores afectados por ERTEs y a su vez autónomos que han cesado su actividad, tendríamos en la región 47.000 personas afectadas».
De otro lado, el sector ha solicitado la agilización en los préstamos ICO que el Gobierno ha puesto a disposición de las pymes, al tiempo que ha pedido bajar algunos impuestos de ámbito municipal que tiene que pasar, según ha indicado la consejera, por una reforma de la ley de haciendas locales para que contemple al COVID-19 como un motivo de la bonificación del impuesto para que los ayuntamientos que quieran tener un gesto con el sector de la hostelería y el comercio en cuanto a impuestos locales no vean un impedimento legislativo.
Por último, la consejera se ha comprometido a trasladar al Gobierno de España todas las reivindicaciones de un sector que siempre ha demostrado una «ejemplaridad absoluta» desde el inicio de la gestión de la crisis.
