Las reglas de gasto vigentes quedan en suspenso, dando a las CCAA la opción de incurrir en más déficit
El déficit de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podría llegar hasta los 900 millones de euros en 2021 después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya fijado la tasa de referencia de las Comunidades Autónomas –su capacidad de endeudamiento– de cara al próximo ejercicio en el 2,2 por ciento del PIB.
Así lo ha estimado en rueda de prensa tras la reunión del CPFF el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha indicado que en el encuentro se ha tratado, en primer lugar, la supresión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.
Así, ha recordado que las comunidades autónomas tenían un objetivo de déficit del 0,2 por ciento en 2020 y del 0,1 por ciento en 2021, que han quedado en suspenso. «Al quedar en suspenso las reglas fiscales y con vistas al presupuesto de 2021, ya no se habla de objetivo de déficit sino de tasa de referencia para saber a qué atenernos en el próximo ejercicio», ha explicado.
HASTA EL 2,2% DEL PIB
«Será del 2,2 por ciento del PIB», ha señalado, para agregar que se pasa de un objetivo del 0,2 por ciento en 2020 al 2,2 por ciento en 2021, «de tal manera que esa tasa de referencia significa que las comunidades podrían aprobar un presupuesto con un déficit del 2,2 por ciento o inferior, según lo que considere cada una».
Respecto a esa tasa del 2,2 por ciento, Ruiz Molina ha dicho que la ministra Hacienda, María Jesús Montero, les ha trasladado a las comunidades autónomas que el 50 por ciento lo financiará el Estado vía trasferencias y el otro 50 por ciento se financiará a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Punto en el que Ruiz Molina ha dicho que Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto que ese 50 por ciento que financiará el Estado sea con unos criterios que pongan de manifiesto la incidencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus y la necesidad de financiación de las comunidades autónomas.
RESPONSABILIDAD
«Podemos acogernos o no en función de lo que necesitemos para 2021», ha apuntado el consejero, que ha agregado que la ministra ha trasladado en el CPFF a la regiones que apelen a la responsabilidad para aprobar unos presupuestos realistas conforme a las necesidades de los ciudadanos y que sean conscientes de que el crecimiento viene tanto del endeudamiento de cada región como del Estado.
Durante la reunión, ha continuado Ruiz Molina, se ha hablado también de las entregas a cuenta señalando el Ministerio que van a ser «prácticamente las mimas» que en 2020. «Habrá una ligera reducción respecto a la liquidación de 2019 con respecto a 2021 del 13 por ciento. Pero quedarán prácticamente igual que en 2020».
También se ha hablado en el CPFF de la financiación de la dependencia y, según el titular de la Hacienda castellanomanchega, la ministra ha dicho a las regiones que está previsto que se incremente pero no se ha atrevido a dar una cifra al estar en negociación los Presupuestos Generales del Estado.
FONDOS EUROPEOS
Finalmente, ha apuntado que también se han tratado los fondos europeos para la reconstrucción y que se ha explicado «brevemente» cómo van a funcionar, aunque Ruiz Molina ha dicho que Montero se ha remitido a la comparecencia de esta semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los agentes sociales sobre estos mismos fondos.
Con todo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha dicho que tiene «mucha más» información, aunque «no toda», para la elaboración de los presupuestos regionales de 2021, con el objetivo de reducir los efectos de la pademia y fortalecer los servicios públicos fundamentales. «Hablamos de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y de fomentar aquellas partidas que tiene que ver con la recuperación de los diferentes sectores productivos».
Por último, el consejero ha señalado que la reunión del CPFF, que ha durado más de tres horas y media, ha transcurrido sin tensiones y con normalidad; al tiempo que ha agradecido al Gobierno central el esfuerzo por reducir la incidencia de la pandemia en los aspectos económicos y en las finanzas del sector público.
