El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete tiene previsto juzgar el próximo martes, 10 de noviembre, a D.R.M., acusado de cometer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al extraer de manera ilegal más agua del límite permitido en la explotación agrícola de las que era encargado.
Desde 2007 a 2010, el acusado llevaba a cabo la explotación de dichas fincas a través de la realización de diversos tipos de cultivos, teniendo autorizada una extensión de riego de 180 hectáreas, las cuales estaban sometidas anualmente al Régimen de Extracción, por lo que resultaba contrario a la legalidad el extraer agua más allá de dicho límite.
A pesar de ser ilegal, el querellado, con pleno conocimiento de lo que hacía, continuó las extracciones más allá del límite. Unas captaciones que o bien no tenían instalados los preceptivos contadores volumétricos, o los que tenía instalados no estaban dentro de las exigencias de homologación de la Disposición Transitoria primera.
Al no poder contar con mediciones fiables de los contadores volumétricos homologados, el cálculo de agua extraída se ha podido obtener con el cruce de datos proporcionados por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR), considerados pericialmente de «máxima fiabilidad», además de por el sistema Blanney-Criddle en cuanto al cultivo de girasol en 2009.
Así, se habría resuelto que el acusado habría destinado para uso privativo agrícola «grandes volúmenes de consumo» no autorizados por el Organismo de Cuenca, sumando un total de 1.252.355 y 1.853.625 metros cúbicos pericialmente estimados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Estas cifras constituyen un gran volumen de consumo no autorizado que el acusado habría llevado a cabo y que, según se indica en el escrito, comporta una situación «muy grave» en relación con el medio natural, los ecosistemas ligados a la disponibilidad de agua y sobre las especies que lo forman, debido a que «agrava» la situación de sobreexplotación del acuífero y contribuye a la regresión de ecosistemas y especies.
Es por ello por lo que el fiscal considera que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por lo que le piden tres años de prisión y una multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros, con 9 meses de responsabilidad subsidiaria en caso de impago y costas.
