El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca del Gobierno de España, Luis Planas, ha apostado por diferenciar entre los agricultores «profesiones», «que tienen esta como primera actividad», de los que tienen parcelas y explotaciones que son «una segunda o tercera actividad» de cara al reparto de la nueva PAC a partir de 2023.
Aunque ha reconocido que ambos tipos de agricultores «son importantes tanto desde el punto de vista productivo como ambiental», «hay que primar la agricultura profesional.
Al mismo tiempo se ha mostrado partidario de apoyar también a los agricultores y ganaderos que tienen en este sector su segunda o tercera actividad «de otro modo y con otra cantidad» porque a su juicio, «su desaparición significaría un problema para muchos pueblos y comarcas de España y que además es necesario productivamente».
«Esa dualidad de agricultor a tiempo completo o parcial, pero agricultor profesional, y pequeño agricultor que no lo es en sí, pero cuya actividad también es importante, es un poco el modelo básico de esta nueva PAC», ha asegurado.
A su juicio, este nuevo modelo «entrará con retraso en el año 2023. Aún hay que negociar muchos puntos de esta nueva PAC, y el ministro ha avisado de que «no se haga de esto una discusión política entre políticos», cosa que «no tendría ningún sentido».
«Los políticos estamos para resolver los problemas y en este caso para apoyar a agricultores y ganaderos y al medio rural, ellos tienen que ser los vencedores de este debate, y para que así sea, tenemos que diseñar medidas y dotación presupuestaria necesarias para cumplir los objetivos de esta PAC», ha asegurado.
GUERRA DE PRECIOS
Planas también ha sido preguntado por la actual polémica de precios en el campo, hecho que ha motivado la queja esta semana de agricultores de la vendimia en Villarrobledo (Albacete). El ministro ha asegurado que la Administración «no puede ni transformar ni fijar los precios, pero sí ayudar, que es lo que hacemos, y modificando la ley tal cual pidieron agricultores y ganaderos a principios de año».
A juicio de Planas, «lo que hace falta es que haya una negociación real y que tenga una referencia lógica en los costes y también en la situación del mercado».
«El Gobierno quiere que los contratos sean escritos y que reflejen una negociación previa en la que se tengan en cuenta los costes, que tienen que ser determinados por la parte productora, pero también por la parte compradora en relación con el contenido del tema». Por eso, al parecer del titular de la cartera de Agricultura, «lo que hace falta es que haya una negociación real y que tenga una referencia lógica en los costes y también en la situación del mercado».
En cuanto al tema de los precios, Planas ha aseverado las diferencias entre el cierre de parte de la hostelería y las reservas de los agricultores. «Esta es una situación no solo desajustada de oferta y demanda, sino además en un momento muy difícil y singular como es el coronavirus, y yo creo que tenemos que conseguir superarlo para ir a campañas con retribución más normal con retribución más digna para el productor».
APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS
El ministro también ha sido preguntado por la previsión de inversiones en materia agrícola en los presupuestos generales del Estado para este 2020. Planas los ha calificado como «100% necesarios», ya que, a su entender, «España ha cambiado mucho desde que se aprobaron los últimos, en 2018».
En este sentido, ha hecho referencia a los seguros agrarios, de los que se está aumentado la contratación y la cuantía de las indemnizaciones «de forma muy significativa con ocasión de todos los fenómenos meteorológicos que estamos teniendo en España».
Por ejemplo, ha señalado que a 31 de agosto las indemnizaciones a pagar «ya superan los 477 millones de euros, una cantidad récord». «Necesitamos un presupuesto, todo el mundo creo tiene que tener la altura de miras para conseguir llegar a un acuerdo y en primer lugar el Gobierno, evidentemente, con las cesiones que hagan falta para llegar a un resultado que sea positivo», ha augurado Planas.
CAMPAÑA DE LA ACEITUNA
Por último, ha evitado pronunciarse sobre si se prorrogará el real decreto aprobado en abril para favorecer la contratación de personal para campañas agrícolas. «Se aprobó tanto en abril como en su prórroga porque era necesario en relación con los supuestos del estado de alarma», ha precisado.
Ese decreto «fue una necesidad arrancada por las necesidades de mano de obra disponibles en cada comarca, provincia, comunidad autónoma de aquellas que tenían campañas agrarias en marcha o próximas». De esta forma, se ha mostrado «contento» con este decreto porque a su juicio, «no hay ningún lugar ni ninguna cosecha que haya quedado por recoger ni nada que haya quedado por hacer: ha habido trabajadores para ello».
Sobre el futuro –el real decreto tiene validez hasta el 30 de septiembre y aun quedan campañas como la de la aceituna en octubre–, «si hay cualquier otra situación, se analizará, pero en estos momentos, previsiblemente, la campaña de la aceituna se va a poder hacer de forma correcta», ha sentenciado.
