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La Ley de reserva estratégica de material sanitario de C-LM entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el DOCM

Esta norma fue aprobada el pasado 15 de octubre en las Cortes regionales con los votos favorables de PSOE y Cs y la abstención del PP

La Ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios de Castilla-La Mancha entrará en vigor dentro de 20 días, después de su publicación este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Esta norma fue aprobada el pasado 15 de octubre en las Cortes regionales con los votos favorables de PSOE y Cs y la abstención del PP. El debate en el Parlamento regional sobre esta ley estuvo centrado en la adición al texto de la disposición adicional tercera y la disposición final primera, que añaden un régimen sancionador de medidas de prevención ante el COVID-19, así como el establecimiento de un registro para el seguimiento de vigilancia epidemiológica en las actividades de locales de ocio, hostelería y restauración y la toma de datos a través de una app creada y gestionada por la Junta, que finalmente fueron votadas por separado a petición de Cs y sacadas adelante por el PSOE en solitario.

En estas circunstancias, el acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19 preveía la aprobación de una ley cuyo objetivo fuera crear reservas estratégicas de material sanitario básico, fomentando que la producción fuera en el territorio nacional y regional y orientando a ciertos sectores a su producción.

Al objeto de cumplir con los objetivos anteriormente señalados, la presente ley dispone la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios para garantizar el suministro de material sanitario en situaciones de necesidad.

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Asimismo, dado que se ha detectado que ni el mercado nacional ni el europeo han podido proporcionar, con la rapidez y el alcance necesarios, las dotaciones suficientes de EPIs en las disposiciones adicionales de la presente ley se incluyen medidas específicas dirigidas a facilitar la adquisición de equipos de protección individual para hacer frente de manera inmediata al impacto del COVID-19, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

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