Profesionales del Hospital de Tomelloso se han concentrado hoy para protestar contra las agresiones a los facultativos y reclamar medidas para evitar nuevos incidentes. Esta manifestación viene a raíz de los hechos acaecidos el pasado 19 de abril, cuando el hospital registraba una brutal agresión física «que demuestra la vulnerabilidad y desprotección en la que trabajamos».
Así lo ha expresado el sindicato de profesionales a través de un manifiesto, donde se ha expuesto que esta «lacra» dejó 6.384 agresiones en el Sistema Nacional de Salud en el año 2018, en el que las mujeres fueron víctimas del 70% de estas situaciones.
Francisco Ariza, en representación de los facultativos, ha hablado de lo desconcertante que es «ver como un compañero de unos 130 kilos, fuerte, está tirado en el suelo pateado», en referencia a las agresiones del pasado 19 de abril, así como ver a personas de enfermería y técnicos siendo zarandeados. «No sabe uno cómo reaccionar», ha aseverado, asegurando que los trabajadores que pasan por estar situaciones necesitan un tiempo antes de volver a la normalidad.
En su manifiesto, han puesto en valor haber conseguido que las agresiones se consideren un delito de atentado contra una autoridad pública, además de la creación del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. Sin embargo, reclaman que aún se necesitan más medidas de prevención y protección que garanticen la seguridad del personal.
Por ello, desde el colectivo han pedido varias medidas al respecto, como la puesta en marcha del Interlocutor Policial Territorial Sanitario en todas las CCAA; que las agresiones se consideren un delito también en el territorio nacional y en la sanidad privada o la promoción de campañas de sensibilización y concienciación.
A esto habría que sumar que las amenazas, insultos, intimidaciones y coerciones también se consideren agresión; la creación de protocolos de actuación ante estas situaciones; medidas específicas cuando un profesional haya sido agredido con anterioridad; programas de formación orientados a la prevención y la creación de un Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios para conocer los datos y establecer un mapa de riesgo para una mejor actuación.
