El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que la financiación de la cobertura de fibra óptica no solo puede «recaer» en los presupuestos de los gobiernos autonómicos y de las diputaciones provinciales y ha pedido al Gobierno central que se «tome en serio» este asunto que, a su parecer, «se debería resolver a nivel nacional».
Así lo ha avanzado Martínez Guijarro en una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y que se enmarca dentro de la ronda de contactos del Gobierno autonómico con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de la región.
Martínez Guijarro ha recordado que el Gobierno castellanomanchego tiene previsto destinar casi 120 millones de euros para garantizar que en el año 2025 la fibra óptica llegue a todos los municipios de la Comunidad Autónoma.
Tras afirmar que la fibra óptica es un «servicio básico» para lograr la igualdad de oportunidades, ha añadido que no solo puede «recaer» en los presupuestos de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones provinciales, pues «se debería resolver a nivel nacional».
En coherencia con lo anterior, ha dejado claro que las comunidades autónomas y las diputaciones no pueden financiar solas este «servicio básico», máxime teniendo en cuenta la geografía de esta región, y, por esa razón, ha indicado que reclamará al próximo Gobierno de España que se «tome muy en serio» este asunto que, a su modo de ver, es «un buen ejemplo de discriminación entre territorios en materia de financiación autonómica».
A este respecto, el vicepresidente del Ejecutivo regional ha anunciado una actuación conjunta con la Diputación de Toledo para extender la fibra óptica a todos los municipios de esta provincia en aras de «luchar contra la despoblación» y «salvar la brecha digital» entre el medio rural y urbano.
Por eso, se pretende impulsar un plan para «llegar donde los operadores no llegan» con la extensión de sus redes de fibra óptica, en especial al poco más de un centenar de municipios toledanos cuya población es inferior a los 200 habitantes, para lo que se prevé una inversión de once millones de euros.
COLABORACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO E IGUALDAD
Por otra parte, el vicepresidente del Ejecutivo castellanomanchego ha señalado que la Diputación de Toledo es un «buen ejemplo» de colaboración interinstitucional en varios ámbitos como el empleo y, en ese sentido, ha reiterado que la Corporación provincial toledana se sumará a la convocatoria de planes de empleo de la Junta de Comunidades para ayuntamientos que saldrá antes de que termine el año.
Para tal fin, la Diputación de Toledo aprobará en Pleno la semana que viene los 8,5 millones de aportación a esta iniciativa que supondrá la contratación de 2.700 trabajadores en la provincia. Esos 8,5 millones de euros son un 47% de la financiación que supera los 18 millones de euros, dado que los diez millones restantes los aporta la Administración regional.
También es «fructífera» la colaboración entre ambas instituciones en el convenio de caminos que cuenta con una inversión de 8,2 millones de euros y que ha actuado sobre más de 230 kilómetros de caminos, lo que supone más del 80% de los previstos. Además, Martínez Guijarro ha apuntado que durante el año que viene estarán terminadas todas las actuaciones previstas.
La cooperación entre ambas administraciones también se ha traducido en dos programas específicos en materia de igualdad de género y otro de lucha contra la pobreza infantil que la Diputación de Toledo, en palabras de su presidente, espera seguir manteniendo en el futuro.
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS
Precisamente, Álvaro Gutiérrez ha precisado que la Institución provincial ha colaborado con los planes de empleo de la Junta aportando treinta millones de euros para contratar a 12.000 personas y ha llegado a más de 2.000 familias con niños en situación de vulnerabilidad de la provincia, todo ello para garantizar la igualdad de oportunidades no solo en las ciudades sino en el mundo rural con iniciativas como el plan de adecuación de caminos rurales para «combatir» la despoblación.
Preguntado por cómo afectan a las diputaciones el retraso del Gobierno central en el pago de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, Gutiérrez ha negado problemas de financiación, aunque, a renglón seguido, ha reclamado que el Ejecutivo nacional vuelva a participar en los planes de obras y servicios de las diputaciones.
«Hace años el Gobierno de España aportaba su granito de arena pero Rajoy decidió que no era necesario y estamos esperando que se conforme un gobierno para pedir que aporte financiación a esos planes», ha concluido.
