El Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha ha quedado listo para ser debatido en pleno tras quedar aprobadas todas las enmiendas -un total de 43; 25 de Podemos, 10 del PSOE y 8 del PP- que los grupos parlamentarios han llevado a la Comisión de Sanidad este martes, por lo que no queda ‘viva’ ninguna para ser debatida en sesión plenaria.
Las únicas enmiendas que han sido aprobadas por unanimidad de los tres grupos han sido las del Grupo Parlamentario Socialista, defendidas por la diputada Ana Isabel Abengózar, que será la encargada de defender el dictamen de la ley en pleno.
Además también ha quedado aprobada por unanimidad una propuesta ‘in voce’ de los socialistas para adaptar el artículo 134.1, relativo a actuaciones de promoción en materia de consumo, a una serie de recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Las diez enmiendas del PP han quedado aprobadas pero solo dos de ellas por unanimidad de los tres grupos, ya que las otras seis han sido transadas a propuesta del PSOE. Estas seis enmiendas transadas entre socialistas y ‘populares’ han recibido los votos a favor de ambos partidos y el rechazo de Podemos.
La formación morada ha llevado a comisión finalmente 25 de las 28 enmiendas registradas inicialmente, retirando tres para evitar que pudiera haber «confusión». De estas 25, 20 de ellas han sido aprobadas gracias al voto de los diputados de Podemos y del PSOE, mientras que el PP las ha rechazado. Las cinco restantes han sido también aprobadas al resultar transadas a propuesta de los socialistas, mientras que el PP ha votado en contra de estas cinco últimas transadas.
Del lado de Podemos, la diputada María Díaz ha señalado que poco iba a valorar las enmiendas del PP ya que desde este grupo no las habían explicado y ha señalado que algunas de las mismas no aportan «nada nuevo» a lo que ya está recogido en la norma.
Del lado de los ‘populares’, el diputado Carlos Velázquez ha argumentado el rechazo a las enmiendas de los diputado de la formación morada señalando que se han dedicado a introducir en esta ley todas aquellas cuestiones que no han podido introducir en estos cuatro años en su periodo de oposición y tras su entrada en el Gobierno regional. «No tienen que ver con los derechos de los consumidores, no pueden servir para justificar su inacción en el Gobierno de Castilla-La Mancha», ha aseverado el diputado del PP.
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Entre las enmiendas de Podemos se recoge la propuesta para que la Junta se persone en la forma en la que establezca la ley en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a la pluralidad de las personas consumidoras de la región -como el caso de los afectados de Idental- o en casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor.
Asimismo, aboga por que las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario deban informan por escrito de esta cesión a la persona con la que hubieran firmado el contrato de préstamo con hipoteca u otro tipo de préstamo, y que si esto se incumple se considere infracción grave, o muy grave si la omisión de información afecta a la capacidad del deudor hipotecario para defenderse de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Además, piden considerar como mérito a aquellos establecimientos que no establezcan precios diferentes en productos cuya única diferencia sea que el destinatario sea hombre o mujer, y que esto sea el precepto para la concesión un distintivo a las mejores prácticas de consumo.
También demandan que la Administración autonómica debe imponer sanciones ante cláusulas abusivas y prácticas comerciales desleales, que los consumidores tengan un derecho a una protección frente a estas prácticas y demandan también que los consumidores, en cuanto a situaciones de cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios se contemplen mecanismo como la dación en pago.
El PP aglutina en sus enmiendas una rebaja de las cuantías de multas por infracciones graves, «pues en muchos casos supondrían la quiebra automática del empresario» o la supresión del artículo en el que se considera como infracción leve la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, y que como respuesta a una infracción leve se amoneste por escrito o se imponga una multa de 150 euros, y no ambas como se recoge en la norma.
Entre las más relevantes del Grupo Socialistas se recoge el reconocimiento a un medio ambiente saludable o clarificar el concepto de obsolescencia programada, fomentando medidas informativas sobre la durabilidad y reparación de los productos.
