El Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha ha logrado la unanimidad de la Cámara autonómica tras los votos a favor de PSOE, Podemos y PP y que recoge la responsabilidad de consumidores a adquirir productos que supongan prácticas de explotación laboral o el derecho de soberanía alimentaria, vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos cortos de comercialización.
Los grupos parlamentarios han conseguido incluir en la norma propuestas propias –vía enmiendas– como fomentar acciones para evitar la obsolescencia programada por parte de los socialistas, la rebaja de las multas por infracciones graves para no causar grave perjuicio al empresario de los ‘populares’ o la propuestas de Podemos para que la Junta se persone en los procedimientos penales que afecten a un número considerable de consumidores, entre otras.
El consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz, ha considerado desde la tribuna de oradores que esta ley ha sido posible gracias al trabajo del personal de la Consejería, destacando como «bondades» del texto que «apuesta por un nuevo modelo de consumo inclusivo, ético y sostenible» y que protege «a los más vulnerables».
Según ha resaltado, esta ley «no sólo plasma una ampliación de derechos única en España, sino que promueve alternativas, por lo que merece el apoyo de todos los grupos».
Ha enumerado los principales objetivos de la medida, como son recuperar políticas públicas de consumo, regular problemas no contemplados, adecuar la administración para gestionar competencias, promover un enfoque socioambiental, enfatizar la proactividad y la corresponsabilidad ciudadana, facilitar la libre competencia y potenciar la participación en el ámbito de las políticas público-privadas.
Esta ley supone «un marco transversal que da cobertura a cualquier iniciativa de la Junta», y tiene «una visión ética del consumo e incorpora criterios que enriquecen y fortalecen su ámbito», ha puesto en valor el titular de Sanidad.
«Crea sinergias, optimiza la protección de derechos de las personas consumidoras fomentando la competitividad, facilita un consumo accesible e inclusivo y se inspira en principios de actuación como la igualdad, la interpretación a favor del consumidor, la participación, la innovación compartida y el impulso de tecnologías emergentes», ha agregado.
Se amplía el rango de actuación colocando a la región como «pionera en la protección de los derechos» de los consumidores. Así, soberanía de persona consumidora, medioambiente saludable, soberanía alimentaria vinculada a productos locales, garantía de funcionalidad durante la vida útil de un producto, un trato digno o acceso a la información son derechos que blinda la nueva ley castellano-manchega.
Como otros derechos adquiridos en virtud del texto aprobado este jueves, se encuentran el acceso a productos y bienes éticos y sostenibles y el acceso a los beneficios derivados de las nuevas tecnologías de la información.
TRABAJO CONJUNTO DE LOS GRUPOS
De su lado, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, encargada de defender la norma en su periplo parlamentario, ha pronosticado que la ley sea la «palanca de acción» en la «educación para un consumo inteligente y responsable», por lo que ha agradecido al presidente regional, Emiliano García-Page, su apoyo para generar una ley «adaptada a la realidad social del siglo»
«Es pionera en nuevos derechos y fomenta el empoderamiento de las personas consumidoras con un enfoque integrador», ha manifestado la socialista.
De su parte, la diputada de Podemos, María Díaz, ha calificado de «muy buena noticia» que «vuelva a haber consenso para recuperar las políticas públicas», y se ha alegrado que se actualice la legislación en la región incluyendo «cambios y retos de la sociedad actual» incorporando «contenidos innovadores no están incluidos en ninguna normativa autonómica».
Asimismo, ha destacado que esta norma recoja que «la Junta se persone en procedimientos penales en estafas masivas» en aquellas que tienen que ver con personas consumidoras que requieren especial protección. «Es la ley más avanzada del Estado en materia hipotecaria, con esta ley los ciudadanos de Castilla-La Mancha sabrán donde está su hipoteca y a quien se vende».
Por último, el diputado del PP, Antonio Lucas-Torres, ha destacado que no se trata de una norma que vaya en contra del empresario o autónomo porque también protege sus derechos, y ha señalado que «por encima de colores políticos» está el bienestar de los ciudadanos.
«Vamos por delante en otras comunidades autónomas, la hemos mejorado entre todos», ha aseverado Lucas-Torres, que le ha dicho al presidente regional que esta norma se va a aprobar con el apoyo del PP «en tiempo de descuento».
