Durante el pasado jueves, la Asociación de Afectados por la No Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y ATP organizaba una asamblea general en Tomelloso para denunciar que, actualmente y desde hace 12 años, existen un total de 1.600 expedientes de pozos sin regularizar.
Según ha explicado el presidente de la Asociación, Miguel Fernández, todo comenzaba en el año 2008, cuando se presentaron un total de 6.000 expedientes de pozos para regularizar, de forma que pudieran explotarse de manera legal. De estos 6.000 expedientes, más de 4.000 pertenecían a personas que no viven directamente de la agricultura, sino que tienen otra profesión como principal.
Estos 4.000 fueron presentados en categoría de leñosos, y finalmente fueron regularizados. Sin embargo, de los 6.000 expedientes presentados, 1.600 pertenecían a Agricultores a Título Principal (ATP), es decir, a profesionales de la agricultura que adquieren la mayor parte de su renta a través de este disciplina.
Precisamente por su condición de ATP, desde el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana les aconsejaron que no tramitaran sus expedientes en la categoría de leñosos, sino que lo hicieran como ATP, en teoría, porque recibirían más agua y porque serían prioritarios.
Sin embargo, la realidad fue otra: los 4.000 expedientes presentados por leñosos y por personas que no viven de la agricultura fueron regularizados, mientras que los 1.600 expedientes de los ATP quedaron sin regularizar, dejando, por tanto, una situación ilegal para esos agricultores que viven de este recurso.
Por ello, desde hace un año crearon esta Asociación: «somos agricultores que hemos sufrido una discriminación con respecto a otros que no son agricultores», ha definido su presidente. Cabe destacar que no solo no regularizaron su situación, sino que llevan 12 años esperando a que alguien encuentre una solución.
Durante estos 12 años han intentado hacer presión. Recientemente han mantenido una reunión con el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel Martín. De ellos, la única respuesta que han obtenido es que el consejero dice tener este tema como prioridad, pero desde la Asociación entienden que «no va a ser de hoy para mañana».
¿QUÉ SUPONE ESTA SITUACIÓN PARA LOS AGRICULTORES?
Si los agricultores no ven regularizados sus pozos, esto supone que toda actividad que hagan en ellos no es legal. De hecho, algunos agricultores han sufrido sanciones y a otros se les ha obligado incluso a cerrar sus pozos. «Llega el verano y estás con miedo porque te pueden cerrar el pozo», ha expresado Fernández, quien asegura que «somos los primeros que queremos que se nos ponga el contador y nos regularicen».
¿Pero por qué se regularizaron más de 4.000 expedientes y no los 1.600 de los ATP? Según el presidente, la única respuesta que recibieron fue que se compraron 14 hectómetros cúbicos de agua, pero que solo pudieron solucionar los expedientes de los leñosos, y que estaban pendientes de volver a comprar más agua, pero esa compra nunca llegó.
De momento, esta situación afecta a agricultores de la provincia de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, y quien tiene la competencia para regular su situación es la Junta de Comunidades, en sintonía con el Ministerio de Transición Ecológica. Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana les han tendido la mano a ayudarles, pero solo pueden tomar medidas en aquello que esté incluido en la ley, y precisamente los afectados son, en palabras de Fernández, «alegales».
Por tanto, desde la Asociación aseguran que seguirán luchando para mejorar su situación, de momento con citas y reuniones. «No paramos porque es la única solución que tenemos», ha sentenciado el presidente de la asociación.
