La inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros en 2018, y las comunidades autónomas financiaron el 83,3% de este Sistema que se «estancó» en 2012, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así, las comunidades autónomas financiaron el Sistema de la Dependencia con 6.707 millones de euros, un 7,5% más que en 2017. Mientras, la aportación estatal se situó en el 16,7%, con 1.348 millones de euros (1.327 en los Presupuestos prorrogados más 21 millones de devengos correspondientes a 2017).
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales expone que la financiación estatal «se estancó tras los recortes de 2012» y critica que «ni tan siquiera se han cumplido los compromisos ligados al último presupuesto del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro», que preveían el incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación un 5% cada año desde 2018, un aumento que, en todo caso, la Asociación considera «a todas luces insuficiente».
El resultado, según indican, es la «imposibilidad» para las comunidades autónomas de atender la lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y a otras 140.000 personas pendientes de valoración. «El sistema presenta claros síntomas de un nuevo estancamiento», alertan.
Por ello, piden que se aborde esta cuestión «con toda urgencia». Cada mes, según señalan, aproximadamente el 1% de la lista de espera causa baja por fallecimiento con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho.
También critican que en la convocatoria de un Consejo Territorial para este jueves no se prevea el asunto de la financiación en su orden del día. «Es, de nuevo, otra oportunidad perdida para poner el asunto encima de la mesa y de obtener el más fácil de los consensos con todas las comunidades autónomas: la aprobación, al menos, de un Real Decreto en cumplimiento de las previsiones de los presupuestos prorrogados de subida del 5% con efectos 1 de enero de 2019. Esto era y es perfectamente posible», subrayan.
Según apuntan, les toca conformarse con la promesa electoral de reducción del 75% de la lista de espera que «implicaría un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros» que, a su juicio, deberían ser aportados «íntegramente» por la Administración General del Estado para llegar así a «una aportación global del 36% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto».
Desde la Asociación precisan que esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos.
«Hasta entonces –lamentan–, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio».
En cualquier caso, desde la Asociación destacan «positivamente» el «cambio de actitud» del Ministerio, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre la financiación del Sistema.
