El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que en el año 2018 sólo se derivaron 4.577 operaciones quirúrgicas a clínicas privadas, dato que ha comparado con los últimos años del Gobierno del PP en la pasada legislatura, «cuando había hasta 8.500», por lo que la reducción es cercana al 50%.
Así lo ha dejado claro desde la tribuna de oradores durante un debate parlamentario al respecto presentado por el Partido Popular, en una intervención en la que ha aseverado que esta reducción ha sido posible gracias a que el sistema público sanitario de la región está trabajando «a pleno rendimiento».
La potenciación del trabajo en red, que ha permitido acentuar la actividad diagnóstica, y la inversión de 28 millones de euros en nuevas tecnologías han sido otros de los logros que a juicio del consejero han facilitado mejorar los datos de derivaciones.
Así, ha dicho que en este momento la cantidad de dinero destinada a la sanidad privada se ha reducido a hasta los 41 millones en 2018, lejos de los 75 millones que según sus cálculos gastaba el PP.
«Hablamos de una cuestión de transparencia y responsabilidad que hemos estado poniendo en práctica toda la legislatura, mientras ustedes han tratado de desprestigiar a la sanidad pública», ha afeado al PP, aseverando que con su mandato había «oscurantismo» en materia de listas de espera o derivaciones, algo que da por zanjado con el Ejecutivo de Emiliano García-Page.
Tras enfatizar que se gasta menos en derivaciones, ha aclarado que ha sido posible gracias a una buena optimización de recursos, una mayor inversión en tecnología y el finiquito de acuerdos con clínicas privadas madrileñas. Las derivaciones, ha dicho, deben ser algo «excepcional» para complementar el sistema sanitario público.
«Estamos en el camino correcto, frente a ello, ustedes manipulan y faltan a la verdad. Seguiremos trabajando con el mismo espíritu», ha finalizado.
RECHAZADA LA PROPUESTA DEL PP
El pleno ha rechazado una resolución del PP que pedía reconocer públicamente por parte del Gobierno el no cumplimiento de un gran pacto por la sanidad pública y de la promesa de elaborar una ley para limitar las derivaciones, propuesta rechazada por la suma de votos de PSOE y Podemos.
El Grupo Parlamentario Popular ha señalado que el Gobierno regional ha dedicado 27 millones de euros más en derivaciones a la sanidad privada con datos de noviembre de 2018 y le ha planteado al Ejecutivo que «rebata» qué cantidad de pacientes ha derivado en este último año.
En el pleno de las Cortes, el diputado del PP Carlos Velázquez, ha señalado que la ejecución presupuestaria en abril aun no está lista, por lo que se «podría pensar que están ocultando algo». «Pedimos que reconozcan que no han cumplido, no pedimos que se fustiguen».
En este punto, ha criticado que el Gobierno regional prometiera por ley que iba a impedir «la entrada de un negocio lucrativo en la gestión de la sanidad» y que las derivaciones se harían «de manera extraordinaria», cuando trabajan con empresas del mismo modo que lo hizo el PP.
Sin embargo, se ha preguntado si es que las empresas que trabajan con la sanidad en esta etapa socialista «son fundaciones o son sociedades que no tienen cuenta de resultados ni beneficios ni pagan impuestos», al tiempo que ha reprochado al PSOE que las empresas que contratan están todas perdidas.
«CANSINOS HISTÓRICOS»
De su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha acusado a los ‘populares’ de «cansinos históricos» trayendo al pleno este debate, criticando que «dejaron tal marca» en la sanidad «que esta no se borra» en décadas.
«Con ustedes partíamos del subsuelo, metían a los ciudadanos en tropel y en una ambulancia los mandaban a operar como si le pusieran un tornillo», ha afirmado Mora. A su juicio, la sanidad privada «no tiende a sustituir jamás a la pública» y ha destacado que «las pruebas más complicadas se han reducido drásticamente» y que las derivaciones han tenido un balance «positivo».
«No tenemos que envidiar en nada. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos razonablemente bien, muy bien», ha puesto en valor Mora.
Por su parte, la diputada de Podemos María Díaz, que ha decidido solo intervenir una vez, ha acusado al PP de hacer una práctica «inerte» dedicada a acumular, porque han presentado muchos debates sobre sanidad privada, pero han obtenido «un suspenso en diferido».
No obstante, ha instado al Gobierno a tener «mayor determinación para la sustitución de los servicios públicos con los mismos estándares de calidad», justificando que cuando tomaron el gobierno partían una situación que no se «podía obviar», en relación a la gestión en sanidad del PP.
