El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando jurídicamente «fórmulas diferentes» para intentar que los tribunales den la razón a la Comunidad Autónoma en materia de agua, de tal manera que no solo se apoyen en argumentos relacionados con la normativa del trasvase sino en la normativa del agua. Además, considera que «es el momento» de volver a recuperar el Pacto por el Agua en la región.
Así lo ha avanzado este martes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, entre los que se ha materializado el recurso que el Ejecutivo ya anunció que va a presentar contra el trasvase de 38 hectómetros cúbicos aprobado en marzo por el Gobierno central.
Martínez Arroyo ha apuntado que este será el recurso número 26 que presenta la Administración autónoma desde julio de 2015, momento en el que se empezaron a recurrir los trasvases, y se fundamenta en que estas derivaciones se apoyan en el memorando que acordó el Gobierno del Partido Popular, «que no tuvo en cuenta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, al río Tajo y a los beneficiarios o usuarios del agua».
El titular de Agua ha recordado que los embalses de Entrepeñas y Buendía están en este momento al 22,8 por ciento de su capacidad, con 574 hectómetros cúbicos y que queda «muy poco» para llegar al 1 de agosto, fecha «en la que se va a tomar la decisión sobre el próximo trasvase», recordando en este punto que el pasado año, por esas fechas, los embalses tenían casi 100 hectómetros cúbicos más que lo que tienen en este momento.
El recurso castellano-manchego se apoya en otros «argumentos muy contundentes» como que no se tiene en cuenta el criterio de prioridad de la cuenca cedente frente a la cuenca receptora, y en que los embalses están siempre «cerca del nivel 3 o en nivel 4», cuando la normativa exige que estén en los niveles 1 o 2, confiando en que este recurso «sea tenido en cuenta».
Al margen de esta cuestión, ha incidido en que el agua es una cuestión a la que hay que buscarle una «solución de futuro» y en la que hay un «trabajo de largo recorrido» que se va a hacer «de la mano con el Ministerio para la Transición Ecológica», por lo que ha deseado que se forme gobierno «cuando antes» para continuar avanzando en el compromiso de generar una política de agua «distinta».
En este contexto, Martínez Arroyo ha aprovechado para pedir al PP, ahora que su presidente regional, Paco Núñez, «ha tendido la mano en materia de agua», para que reconsidere la posición que tenían sobre este asunto antes de las elecciones, cuando «no quiso firmar el Pacto por el Agua», considerando que es el momento de recuperar ese documento para que Castilla-La Mancha «tenga una voz única».
Preguntado por el informe dado a conocer recientemente por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que ve compatibles los trasvases con el caudal ecológico del Tajo, el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, tras destacar que las declaraciones de un sindicato no son «suficiente argumento para justificar un trasvase», ha añadido que desde Castilla-La Mancha tienen «la mano tendida siempre» para abordar este asunto.
En cualquier caso, ha incidido en que la solución para los regantes de esta zona son las desaladoras y ya están trabajando con el Ministerio «para que, cuanto antes, sea la solución», avisando que las desaladoras de la cuenca del Segura permitirían aportar 339 hectómetros cúbicos al regadío si estuvieran al cien por cien de funcionamiento cuando en un año hidrológico normal se trasvasan 300 hectómetros cúbicos.
NUEVA ESTRUCTURA
De otro lado, el consejero ha confirmado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes todos los nombramientos de la Consejería en esta nueva etapa -de los ocho puestos directivos cuatro son hombres y cuatro mujeres- y el de los delegados provinciales, que se presentarán en un acto oficial este jueves en la sede de este departamento.
Sobre este tema, ha explicado que el alcalde de Pedro Muñoz (Ciudad Real) y actual presidente de la Recamder, José Juan Fernández Zarco, será el director general de Desarrollo Rural, en sustitución de José Manuel Aparicio que ahora se encargará de la Agencia del Agua, siendo ambos «personas muy competentes».
