El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, reunido en sesión ordinaria bajo la presidencia de José Manuel Caballero, ha aprobado esta mañana, entre otros asuntos de interés, inversiones en pueblos por valor de 442.000 euros y el convenio que regula la relación que se establece con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como consecuencia de la asunción, por parte del Servicio Provincial de Recaudación, de la gestión de los tributos municipales en la citada localidad.
En ambos casos se dota de continuidad al apoyo permanente que la Diputación presta a los pueblos de la provincia. Así lo ha destacado Caballero tras hacer hincapié en el carácter auxiliador que mantienen con los ayuntamientos para mejorar la vida de quienes residen en el territorio ciudadrealeño. Tanto es así, que con el montante aprobado se incorpora otra cantidad importante al total, pues cuando concluya el presente ejercicio la Administración que preside Caballero habrá destinado a obra pública 19 millones de euros.
Son siete en esta ocasión los municipios que reciben apoyo económico para la realización de actuaciones que tienen que ver con la mejora y el acondicionamiento de espacios y edificios públicos, equipamiento y mobiliario, sustitución de alumbrado, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos, entre otras actuaciones.
El Pleno ha procedido, por otra parte, a la aprobación de la Cuenta General de 2018, que arroja un superávit de 72 millones de euros como consecuencia de la buena gestión que se está llevando a cabo en la institución provincial, que permite que sea la Administración que más invierte en términos porcentuales en la provincia con cifras históricas en el anterior mandato y en lo que va del que se inicio el pasado mes de mayo. Y también es una de las que más solvencia económica acredita a nivel nacional.
Caballero ha calificado de “incoherente” el voto desfavorable de la oposición porque la Cuenta General engloba todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Diputación durante 2018, de las que el 99’9 por ciento obtuvieron el respaldo del grupo popular. Considera que en el sentido del voto tiene mucho que ver “con que estamos a las puertas de unas elecciones y se sienten incómodos en el acuerdo”. Ha añadido que “no tiene ni lógica ni sentido” votar en contra cuando la institución provincial gestiona más recursos y presta más apoyo que nunca a los pueblos y a los ciudadanos de la provincia. Y, además, es solvente y no debe nada a los proveedores, ni a los ayuntamientos ni a los bancos.
Las diputadas y diputados provinciales han ratificado, asimismo, la modificación de los Estatutos del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS). Se trata de un trámite pendiente desde el ejercicio de 2014 motivado por una normativa legal que entró en vigor en 2013, por lo que la modificación que se ha llevado a cabo es necesaria y obligatoria. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece en su disposición final segunda que los estatutos de los consorcios determinarán la administración pública a la que están adscritos, así como su régimen orgánico, funcional y financiero. Estas modificaciones se deberían haber acometido en el plazo de un año desde el 31 de diciembre de 2013, cuando entró en vigor la normativa.
Otro punto incluido en el orden del día que ha recibido el apoyo mayoritario de la Corporación provincial llegado el momento de emitir el voto es la creación de una plaza en la plantilla funcionarial delegado/a de Protección de Datos. Se da de esta manera cumplimiento a lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de la Unión Europea 2016/79, de 27 de abril de 2016, en Protección de Datos, adaptado al ordenamiento jurídico español a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Con la creación de esta plaza el Equipo de Gobierno pretende que se preste servicio en esta materia a la Diputación de Ciudad Real y a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que lo soliciten.
Asimismo, durante el Pleno se ha dado cuenta de los diputados y diputadas provinciales que integran el Comité de Seguridad y Salud atendiendo a las designaciones que han comunicado los grupos políticos que cuentan con respresentación en la institución provincial. El grupo socialista ha prouesto Jacinta Monroy Torrico, Mariano Ucendo Díaz-Pintado y Petra Sánchez Bonales, mientras que el grupo popular ha comunicado que Mercedes Escabias Pinto y Cortes Valentín González formarán parte del citado órgano.
