Con fecha de 7 de diciembre se publicó la Orden de la Consejería de Educación para la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a AMPAS de centros educativos sostenidos con fondos públicos, Ayuntamientos y otras entidades sin ánimo de lucro, para que pudieran solicitar estos proyectos que se marcan objetivos como la prevención del fracaso y abandono escolar, y programas de refuerzo individualizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Desde el Área de Educación de Izquierda Unida siempre hemos defendido que las políticas educativas dirigidas a la atención a la diversidad del alumnado, así como a desarrollar estrategias para la prevención del fracaso y abandono escolar temprano, no pasan por derivar estas responsabilidades a agentes sociales externos a la educación pública, sino que se trata de todo lo contrario. Es responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su Consejería de Educación, garantizar los recursos necesarios y suficientes para la consecución de estos objetivos fundamentales de la educación pública en nuestra región.
Es obvio que las políticas educativas deben concretarse en más inversiones directas a la enseñanza pública, dirigidas a aumentar los recursos humanos y materiales necesarios para revertir los recortes que aún no se han recuperado, y para conseguir los objetivos que se pretenden a través de estos programas, como mejorar realmente la atención a la diversidad del alumnado y prevenir el fracaso y abandono escolar.
Sin embargo, se sigue dando un continuismo en determinadas políticas educativas que no es nada novedoso. Desde la concepción de la educación por parte de la Unión Europea, plasmada en el Tratado de la Constitución y avalado por la Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), los servicios públicos, en los que se encuentra incluida la educación, se denominan Servicios Económicos de Interés General. Como consecuencia, la educación como “derecho público” se ha convertido en “servicio”, es decir, un bien de interés general que se puede vender y comprar.
Y estas políticas, avaladas por partidos como el PSOE y PP, entre otros, permiten que los gobiernos deriven sus competencias y responsabilidades respecto de la educación pública hacia otros agentes sociales, como AMPAs, Ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, o hacia las patronales de la enseñanza privada concertada, para que cubran parte de las necesidades de la educación pública. Recordemos que la última legislación educativa del PSOE (la LOE), definía el “servicio” público de la educación como el desarrollado tanto por poderes públicos como por entidades privadas.
Desde que se realizaron las transferencias en la educación en Castilla-La Mancha, debatíamos sobre esta cuestión y sobre el concepto de “calidad educativa”. Y desde entonces seguimos por los mismos derroteros, pues en nombre de la calidad se sigue caminando hacia la escuela selectiva y excluyente. Y nos preocupa que desde determinados ámbitos y responsabilidades se siga asociando la “calidad” con conceptos mercantiles como competitividad y medición por resultados.
Como ocurre con estos programas cofinanciados por Europa, que no llegarán a todo el alumnado con necesidades educativas específicas, y que la atención personalizada a un número determinado de ellos se realizará fuera del horario ordinario, alumnas y alumnos a los que este Gobierno regional debería garantizar una atención personalizada en su centro educativo y en su horario correspondiente, dotando de recursos suficientes a los centros para garantizar la atención a la diversidad. ¿Hasta cuándo el concepto de “atención a la diversidad” seguirá siendo ingente retórica plasmada en la normativa educativa, que no sirve a la enseñanza pública, y se hará realidad?
Difícil lo tenemos, porque qué puede esperarse de un partido como el PSOE que dice defender la escuela pública, pero que hace una semana se ha opuesto en el Congreso de los Diputados, junto con el PP y Cs, a la reducción de la ratio del alumnado en la educación pública a 20 alumnos por aula en la enseñanza Primaria y Secundaria.
¿De qué nos extrañamos ante ciertas políticas educativas?
