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lunes, 23 diciembre
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Juan Ramón Crespo incide en la necesidad de crear una banca pública en Castilla-La Mancha

Crespo ha explicado que la Banca Pública permitiría financiar el tejido productivo real que genera empleo en Castilla-La Mancha que son las PYMES, cooperativas de economía social y autónomos

Los candidatos a las Cortes de Castilla-La Mancha por las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Guadalajara, Juan Ramón Crespo, José García Molina, María Díaz y Ana del Val, han presentado en Toledo las 100 propuestas “concretas y muy realizables” que se podrán implementar en la región cuando se alcance el Gobierno de Castilla-La Mancha y se “gobierne para la mayoría”. Ese gobierno establecería su estrategia de futuro en cinco ejes principales entre los cuales destaca, entre otros, la creación de una banca pública, para poder financiar el tejido productivo real y cambiar la dinámica actual de creación de puestos de trabajo fomentando los contratos indefinidos frente a los contratos temporales.

El primero de esos ejes es económico. Juan Ramón Crespo ha apuntado a la precariedad que sufren los jóvenes y que les impide “realizar proyectos de vida” que ahora “no están garantizados” por la “inestabilidad y temporalidad” de los puestos de trabajo. Crespo ha explicado que la Banca Pública permitiría “destinar recursos” para crear un “sistema productivo” que garantice puestos de trabajo. Esa Banca Pública tendría como misión financiar a las PYMES, a las cooperativas de economía social, a los autónomos y a aquellos que “están creando puestos de trabajo en la región”.

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Esas ayudas se gestionarían mediante un “sistema transparente” para garantizar que esas partidas presupuestarias se destinen realmente a esos objetivos basados en la creación de “empleo neto”.

El revocatorio

Para dar garantías políticas a la ciudadanía, el programa electoral de Unidas Podemos – Izquierda Unida plantea la figura del “revocatorio”, un instrumento que sería introducido en la política regional mediante la modificación del Estatuto de Autonomía y que permitiría a la ciudadanía revocar a los cargos electos si no cumplen sus promesas electorales o si hacen una gestión deficiente. “Si tenemos derecho para `poder elegirlos también debemos tenerlo para poder quitarlos”, concluyó Crespo.

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