En este 2019 recién estrenado nos encontramos con una aparente buena noticia para nuestro bolsillo: el peaje de las nueve autopistas rescatadas y gestionadas por el Ministerio de Fomento, bajará una media del 30% y serán gratuitas de madrugada a partir del 15 de enero. En cuatro de estas autopistas (las radiales de Madrid R-2 y R-4, la AP-41 Madrid-Toledo y la AP-36 Ocaña-La Roda) está directamente implicada Castilla-La Mancha.
Hay que recordar que estas vías de pago quebraron durante los años de la crisis por su baja afluencia de tráfico, y fueron rescatadas a comienzos del año por el ex ministro Íñigo de la Serna (PP) con la intención de ingresar 1.000 millones de euros por aquella nueva adjudicación. Pero era humo, no había ni un pliego con dichos cálculos. Y es que tres de las nueve autopistas rescatadas han perdido tráfico este 2018 y las demás apenas ganan vehículos. Ahora dice el nuevo ministro de Fomento (José Luis Ábalos, del PSOE), que con la rebaja de estos peajes se “generará un aumento de tráfico en estas vías y de sus ingresos”. Otro ministro que nos cuenta un cuento sin echar cuentas. Mientras, los acreedores afirman que el Estado tiene que compensar a las concesionarias con 4.500 millones de euros.
Entre lo especialistas, hay un gran consenso en admitir que la política de inversión en infraestructuras ha sido utilizada con fines partidistas por parte de PP y PSOE, incluso retorciendo cálculos técnicos para que fueran viables sobre el papel, cuando el único criterio que imperaba era el electoralismo, sin mirar a largo plazo. Pero con el rescate de las autopistas tenemos un ejemplo claro de cuánto va a salir del dinero de los españoles por una mala gestión de las infraestructuras. Una vez más se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios, pero ya estamos escarmentados.
Gracias a las exigencias que Ciudadanos ha logrado incorporar en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a partir de ahora los riesgos se repartirán mejor entre la Administración y las empresas concesionarias, y estaremos vigilantes para que así sea. Además, para evitar que los ciudadanos tengan que volver a pagar por malas decisiones en políticas de infraestructuras, seguiremos impulsando las oficinas de regulación y evaluación independientes -que están contempladas en dicha Ley pero que necesitan dotarse de más contenido-, y un pacto nacional que saque la planificación de infraestructuras estratégicas del chanchullo político, añadiendo un compromiso de estabilidad a largo plazo.
Sirvan estas lecciones aprendidas del rescate de las autopistas, para afrontar con esperanza proyectos como el de la construcción del segundo aeropuerto comercial de Madrid, complementario y alternativo al de Barajas, aprovechando el aeródromo existente en Casarrubios del Monte (Toledo) y el espacio aéreo concesionado. Lo fundamental es que es un proyecto de promoción privada, con inversores privados, y que debería estar apoyado por la Administración -si se asegura la compatibilidad de operaciones con Barajas-, ya que es algo de interés y afección pública. Y esto habría de hacerse sin financiación de la caja común en cubierta a través de cajas de ahorros o empresas públicas, ni saliendo al rescate en caso de no cumplirse las expectativas.
La empresa promotora del mismo ha hecho sus números –con su dinero, no con el de todos como hacen los ministros de Fomento- y le salen. Ante el evidente aumento de tráfico de pasajeros en Madrid, piensan orientarlo a vuelos ejecutivos, low-cost, escuelas y aviación general. No deja de ser un modelo de cooperación público-privada en el que, si se aprovecha lo aprendido con errores del pasado, ganamos todos.
