La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha inhabilitado durante un período de siete años a dos concejales del Partido Popular de Almodóvar del Campo a través de una sentencia firme que se comunicó al Consistorio el pasado mes de noviembre, si bien ambos ediles siguen en sus puestos en el Grupo Popular.
En concreto, dicha resolución judicial consideraba culpables de un delito de prevaricación administrativa a los concejales del Partido Popular de Almodóvar del Campo Manuel Jesús Soria González y Jesús González Serrano, así como a otra exconcejala del mismo partido que, en su caso, dimitió al principio de la legislatura por motivos personales.
La nueva sentencia, contra la que ya no cabe recurso, modifica ligeramente la sentencia anterior al circunscribir la inhabilitación especial para empleo o cargo público a los municipios de Ciudad Real y Almodóvar del Campo, donde hasta el momento siguen ejerciendo su cargo pese a la firmeza de la sentencia.
CONTRATACIÓN DE UNA HERMANA DE OTRO CONCEJAL
La sentencia que ha respaldado la Audiencia Provincial de Ciudad Real está motivada por la contratación «sin ningún concurso público, ni valoración» de la hermana de otro concejal del PP a finales del año 2012, cuando la Comisión de Seguimiento de Personal del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo -conformada por los tres concejales del PP condenados más uno del PSOE y otro de Izquierda Unida- decidió, con los tres votos favorables del PP y los dos en contra de la oposición, la contratación para un puesto de trabajo en la Casa de la Cultura de la localidad.
En la Comisión de Seguimiento de Personal, los tres ediles del Partido Popular incluyeron como «urgencia» en el orden del día la contratación de la hermana del concejal, ya que alegaron que no había personal especializado en los planes de empleo porque en otros planes de empleo las solicitudes «se habían llenado de personas étnicas», según indicó el propio Manuel Jesús Soria.
La propia resolución judicial señala que los demás integrantes de dicha comisión señalaron a los tres concejales del PP que el procedimiento que estaban siguiendo no era adecuado ni legal.
