La consejera de Empleo, Empresas y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 6,3 millones de euros para un programa de Formación Profesional para personas activas que podrá beneficiar a 11.000 trabajadores, un tercio de ellos en situación de desempleo y con preferencia a aquellos colectivos en riesgo de exclusión.
Esta batería de medidas, tal y como ha explicado la consejera en rueda de prensa, está destinada a adaptar la formación de las personas trabajadoras a «nuevos requerimientos» del mercado laboral, sin dejar de lado el «recorrido profesional y ascenso al que aspiran» muchas personas en activo.
Del total, 6,1 millones son para actividades formativas, más 250.000 euros irán a financiar becas para favorecer la conciliación familiar de las empresas y para el transporte, especialmente dirigidas a personas desempleadas.
Por primera vez se trata de una convocatoria plurianual, cumpliendo así un compromiso de legislatura que busca una mejor planificación, ha explicado Franco.
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Adquisición de competencias transversales o específicas de un sector para reciclaje y recualificación de personal de distintos sectores es la primera de las líneas de trabajo, a lo que hay que sumar formación para trabajadores autónomos y para trabajadores de la economía social.
Un 10% de la cuantía irá a parar a sufragar cursos destinados a la obtención de certificado de profesionalidad que reconozca competencias a nivel nacional y europeo y al Programa Acredita.
Se prevé que un 30% de los participantes sean personas desempleadas en búsqueda activa de empleo, para los que la formación es «un gancho para conseguir empleabilidad».
Toledo recibirá el 31% del total del presupuesto, Ciudad Real y Albacete un 23%, Guadalajara un 12% y Cuenca un 11% del total.
Sigue primando la formación presencial, con un fuerte impulso para la formación telemática, que asciende ya a la cuarta parte del total de cursos impartidos, con lo que la tasa en este tipo de modalidad va aumentando con respecto a otros años.
En cuanto a familias profesionales a impartir, Administración y Gestión tiene el 24% del total, Servicios Culturales más del 17%; Comercio más del 12%; Informática un 10, Transporte un 7%; y Seguridad y Medio Ambiente algo más del 6%.
Tendrán preferencia como beneficiarios de esta orden de aprobación de gasto personas con mayor dificultad de inserción laboral, empleados con alguna discapacidad y personas víctimas de violencia de género y de terrorismo.
Otros colectivos que necesitan «más empuje» son aquellos trabajadores ocupados en sectores en crisis y que presentan una baja cualificación; así como desempleados de larga duración. Jóvenes poco cualificados y personas refugiadas también tendrán preferencia en el acceso a estas ayudas.
MÁS DE 11.000 BENEFICIARIOS
En total, se podrán beneficiar cerca de 11.000 personas dentro de este sistema durante este año. Según los datos ofrecidos por Patricia Franco, en la pasada legislatura se invirtieron en la materia 31,4 millones de euros para más de 55.000 beneficiarios.
Las personas interesadas en acceder a estos programas de mejora de cualificación profesional podrán acceder a través de la web institucional de la Junta de Comunidades, así como a través de los centros de formación o de la Red de Orientadores de las oficinas Emplea.
Ha sido una convocatoria en la que ha habido «una gran participación» con 397 solicitudes para 2.000 cursos por 28,7 millones de euros, más de cuatro veces más del máximo que se ha podido aprobar.
