El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevos recursos contencioso-administrativos contra los trasvases de diciembre de 2018 y enero de 2019, ambos de 38 hectómetros cúbicos, por el «incumplimiento» del principio de prioridad de la cuenca cedente, así como por no «garantizar adecuadamente todos sus usos».
Así lo ha destacado este martes durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno y tras conocerse que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha propuesto este martes en su reunión en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica un trasvase para el mes de mayo de 20 hectómetros cúbicos.
En este sentido, ha señalado que es necesario «hacer efectiva la sentencia del Tribunal Supremo» sobre el trasvase Tajo-Segura para así poder hablar de una España «que bebe y riega con agua desalada».
Hernando ha dicho que el agua que se va de la región es agua que no se puede utilizar en Castilla-La Mancha por parte de los ciudadanos, por ello ha instado al Levante a que rieguen y beban con el mismo agua que lo hicieron durante cerca de un año, en época de sequía, y que fue agua desalada.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha aseverado que el caudal que existe en las aguas subterráneas de Murcia es «15 veces mayor» que el del río Tajo.
Así, Hernando ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo avala la postura del Gobierno regional, por lo que en cuanto se haga efectiva, según ha dicho, se podrá hablar de una España «que bebe y riega con agua desalada».
El portavoz del Gobierno ha señalado que, aunque el PSOE consiga gobernar en solitario a nivel nacional, él «entiende» que, al igual que cualquier otro cambio de calado estructural, se debería llegar a acuerdos para que no sólo «lo lleve el PSOE» y cuando «lleguen otros se revierta». «Que sea una decisión para siempre», ha indiciado.
Hernando ha defendido la postura que tuvo en su momento el Gobierno presidido por José María Barreda de llevar al Congreso de los Diputados un posible cambio del Estatuto de Autonomía y que no salió adelante, frente al memorándum del Tajo del Gobierno de María Dolores de Cospedal.
