La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha rechazado el recurso presentado contra el archivo, en junio de 2017, de la causa que investigaba si hubo una presunta mordida de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr. En la causa se investigaba también si ese dinero se empleó para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007.
Con este auto, la Audiencia de Toledo da carpetazo definitivo a este asunto, que tiene su origen en unas declaraciones realizadas en su día ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el extesorero del partido Luis Bárcenas.
El archivo fue recurrido por IU Federación los Verdes, Ecologistas en Acción y las asociaciones de juristas de corte progresista ALA (Asociación Libre de Abogados) ADADE (Asociación de Abogados Demócratas de Europa) y Asociación Observatore de Drets Humans, representado en este procedimiento por el letrado Gonzalo Boyé, uno de los defensores del expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont. Todos ellos consideran que hubo delitos de cohecho y prevaricación que no son apreciados por la sala de apelación.
«MERAS CONJETURAS» SEGÚN LA AUDIENCIA DE TOLEDO
En su auto, los magistrados de la Audiencia de Toledo rechazan de plano las pretensiones de los recurrentes para que la causa sea reaperturada, y tildan sus alegaciones de «teoría especulativa».
Los supuestos manejos entre Bárcenas y el entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha José Ángel Cañas en relación con el contrato de recogida de residuos sólidos firmado entre al Ayuntamiento de Toledo y Sufi son, según la sala, «meras conjeturas aventuradas al socaire de la rivalidad política que carecen de reflejo probatorio alguno según las diligencias de investigación practicadas».
EL PERIPLO DEL CONTRATO DE BASURAS
Según concluye el tribunal, el contrato ante el Ayuntamiento de Toledo y Sufi para la recogida de Residuos sólidos (Basura), nada más firmarse «se reveló económicamente inviable por causas ajenas al contratista concesionario», por lo que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tuvo que arbitrar un protocolo de modificación del precio que no pudo llevarse finalmente a efecto porque el PP perdió las elecciones en 2007.
No obstante, el contrato «de alguna manera fue reconocido y aplicado por la siguiente Corporación Municipal que aumentó el precio del contrato con técnicas muy parecidas a las empleadas en el protocolo en cuestión» añade la Sala.
La Audiencia de Toledo recuerda también en su auto que el juez instructor del caso ya consideró que la ratificación del protocolo de modificación del precio por el Gobierno municipal de Toledo, estaba dentro de sus competencias, se justificaba por la necesidad urgente que motivaron «las circunstancias excepcionales que impusieron los sindicatos ante la festividad del Corpus Christi».
