El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, por unanimidad de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, con la que se regula el derecho de participación con distintos procedimientos e instrumentos propiciando el diálogo permanente, el debate y la deliberación con instituciones públicas.
Justo antes de la votación también se ha aprobado, por unanimidad, una enmienda transaccional al artículo 35.1, que regula las unidades de participación, en el sentido de aclarar que no se crearán nuevas, sino que para su puesta en marcha se servirán de las unidades asistenciales adscritas en cada una de las Consejerías del Gobierno regional, lo que ha motivado el apoyo de Cs, que había anunciado su abstención, a la medida.
El diputado de Ciudadanos, David Muñoz, ha manifestado durante su intervención inicial desde la tribuna que su grupo no se opondría a la aprobación de la norma, que considera que es «mucho menos ambicioso del que podría haber sido» mientras que el PP ha avanzado su voto favorable a la misma -que no al Gobierno- y el PSOE ha defendido un texto -que fue diseñado por Podemos en la pasada legislatura- que fomenta «una cultura de participación responsable, tolerante y solidaria».
El diputado de Ciudadanos ha defendido las once enmiendas que quedaban ‘vivas’ por parte de su grupo, destacando que el texto recogía en muchos aspectos «la marca de Podemos», algo que, como ha admitido, Cs no ha logrado eliminar vía enmiendas, asegurando que la futura norma no puede ser «excusa para crear estructuras politizadas donde colocar a amiguetes».
Así, se ha referido a la creación de una Dirección General de Participación o a las unidades administrativas de participación en las diferentes consejerías del Gobierno, cosas que, a juicio de Cs, no aportan nada, duplican estructuras y encima «cuestan dinero», y a la mayor participación que las Cortes deberían tener, mediante la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo autonómico, en el Proyecto de Ley, como pedían en sus enmiendas.
«Esta ley estaba tan mal, tan morada, que tanto ustedes como nosotros estuvimos de acuerdo desde el principio en que había que mejorarla mucho», ha expresado Muñoz, que ha preguntado al PSOE si puede asegurar que no habrá una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en base a la creación de las unidades de participación, punto que finalmente ha sido objeto de la enmienda transaccional.
PSOE: «UN AVANCE MÁS»
De su lado, la socialista Ana Isabel Abengózar ha argumentado el rechazo de las enmiendas de Ciudadanos, criticando que la formación naranja pida eliminar las unidades de participación ciudadana cuando estas son las que «hacen posible la participación y no son órganos nuevos, ni crearán puestos de trabajo».
Tampoco se puede permitir, ha subrayado la socialista, que «la ley regule la participación en las Cortes», ni «suprimir apartados del articulado por un concepto», o que el Plan Anual de Participación forme parte del Plan Anual Formativo porque «el primero se refiere a programas de ciudadanía y llevaría a confusión».
Como encargada de defender el dictamen, ha explicado que con esta ley se da «un paso más» en la ampliación de derechos y supone «un avance más» en el modelo de democracia participativa. Una ley que «propicia el diálogo permanente, para recoger la opinión de ciudadanos en las funciones del gobierno» y que además es «una respuesta a las demandas de una ciudadanía cada vez más informada». Por ello, ha pedido a Ciudadanos responsabilidad en el uso de su voto, para que este sea favorable, cosa que sí ha agradecido al Partido Popular.
Desde el PP, el diputado Vicente Aroca ha expresado el voto favorable de su grupo a un texto con el que se da cabida a la sociedad civil, agradeciendo la participación de esa misma sociedad a lo largo de las distintas modificaciones que ha experimentado el Proyecto de Ley.
También ha valorado el trabajo realizado por los distintos grupos parlamentarios en la Comisión que abordó las enmiendas, asegurando que «ya le hubiera gustado al Partido Popular» que ese consenso y esa capacidad de diálogo se hubiera dado en la reciente Comisión de Economía que ha abordado esta semana las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno regional para 2020.
IMPLICACIÓN CIUDADANA
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en su intervención ante el pleno ha asegurado que para el Ejecutivo regional «ha sido siempre un objetivo claro» el de «incentivar y facilitar la participación de la sociedad civil en la gestión de lo público», y muestra de ello es que el diálogo y el consenso «ha sido la base fundamental de este Gobierno».
Ha destacado el «amplio apoyo» con el que llega el texto al Parlamento, la implicación de todos los grupos, que han «mejorado» el Proyecto de Ley con más de una veintena de enmiendas y que han alcanzado la unanimidad «en la supresión de uno de los órganos previstos» –el Observatorio Ciudadano– y en la «mejora de la configuración de la colaboración institucional».
«En este tiempo nuevo, los ciudadanos quieren y deben implicarse en las políticas públicas», ha indicado Martínez Guijarro, que ha señalado que de esta forma las normas, planes y programas «mejorarán con sus aportaciones» y, «en la medida en que se sientan escuchados, esas políticas serán más valoradas».
El vicepresidente ha explicado que la norma regula dos modelos diferenciados de participación, individual de la ciudadanía e institucional y se desarrolla con mecanismos de carácter presencial y de naturaleza digital, apelando, en su última intervención, al voto favorable de la formación naranja al texto para que saliera por unanimidad, como así ha sido.
