Una oficina impulsada por AMFAR que abrió sus puertas en octubre de 2017 con el objetivo de informar, asesorar y acompañar a las mujeres que voluntariamente quisieran gestionar la explotación agraria junto a su marido, pareja de hecho o relación análoga de afectividad, bajo la figura jurídica de la Titularidad Compartida.
Se trata de consultas atendidas entre enero y abril de este 2019, y que llegan principalmente de particulares, mujeres o matrimonios, que se plantean dar el paso a la incorporación de su negocio en esta figura legal que es la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
No obstante, la directora de AGROTC, Mariani Fuentes, destaca que numerosas consultas que ha recibido en estos meses procedían de Organizaciones agrarias (OPAS), Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS), gestorías, entidades financieras, instituciones públicas, e incluso de la propia Agencia Tributaria. “Entidades que han contactado con AGROTC para solucionar las dudas que les plantean sus propios usuarios a los que no han sabido dar respuesta”, señala Fuentes.
Este elevado número de consultas, apunta Fuentes, revela las dificultades que se encuentran las mujeres que quieren darse de alta en Titularidad Compartida, y se pone de manifiesto con las cifras que arroja el Registro Nacional del propio Ministerio de Agricultura, donde sólo existen 602 mujeres inscritas en todo el territorio nacional, 174 de ellas en Castilla-La Mancha.
La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias es una norma básica para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el sector agrario, ya que permite reconocer plenamente el trabajo y las responsabilidades de gestión que las mujeres vienen ejerciendo en las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.
Esta Ley entró en vigor en enero de 2012 y vino a dar respuesta a una reivindicación histórica de AMFAR en favor de las mujeres del sector agrario. La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, explica que “gracias a la Titularidad Compartida, las esposas de agricultores y ganaderos pueden disfrutar de sus propias prestaciones sociales, ver reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la explotación familiar y recibir un tratamiento digno en caso de separación o divorcio, entre otras bondades”.
