El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha asciende a un total de 10.505 millones de euros, con un gasto no financiero de 8.093 millones, un 6,3% más que las cuentas en vigor, cuyo proyecto correspondía a 2018 y que se mantiene prorrogado en el presente ejercicio con un montante de 9.219 millones de euros.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta del texto legislativo aprobado este mismo lunes en Consejo de Gobierno, proyecto que este mismo martes será registrado en las Cortes regionales para dar inicio a su trámite parlamentario.
Estos presupuestos se han elaborado basados en la estimación realizada en cuanto a las previsiones de crecimiento de la economía regional, con «prudencia» en las estimaciones, según el consejero. Estas previsiones, ha recordado cuentan con el aval de la AIReF.
POLÍTICAS DE GASTO
Del total de 10.505 millones de euros, más allá de los 2.611 que irán para deuda pública e imprevistos, un total de 2.990 millones irán para sanidad -219 más que en 2018-; mientras que 1.834 serán para Educación, Cultura y Deportes -135 más-.
Agricultura y Medio Ambiente se llevará 1.417 millones -10,2 más-; y los Servicios Sociales acapararán 788,5 -61,2 más-. 171 van al capitulo de Servicios de Carácter General; 303,6 para Desarrollo Económico y Empleo; 268 para Infraestructuras Generales, Urbanismo y Vivienda; y 119 para I+D+i.
Con estos datos, las áreas de Servicios Públicos -Servicios Sociales, Sanidad y Educación, Cultura y Deportes- aglutinarán el 71,2% del total del gasto no financiero, lo que supone 15,3 millones de euros al día y 416 millones más que en las cuentas en vigor.
Dentro de este gasto social, Ruiz Molina ha puesto en valor que en Recursos Humanos se gastará el 38% del gasto no financiero, lo que supone un 9% más, absorbiendo el 52% del incremento presupuestario. También se destinarán 122,9 millones a infraestructuras de carácter social, lo que supone 32,6 millones más.
Los recursos destinados a la incentivación del crecimiento económico ascienden a 420 millones de euros; a los que Ruiz Molina ha sumado los más de 1.400 millones para la política agraria y medioambiental y los 120 millones para Investigación y Desarrollo, junto a los 268 para infraestructuras básicas y vivienda.
Por Secciones de Gasto, aumentan todas menos Fomento, que pierde 66,8 millones hasta los 214, sobre todo porque ya no gestiona políticas de Agua y por la cesión de competencias de Nuevas Tecnologías a Hacienda y Administraciones Públicas; así como Presidencia, que tendrá 38,6 millones de euros menos hasta los 19,4. La rebaja en este apartado se produce por la creación de la nueva Consejería de Igualdad.
Sube el Instituto de la Mujer de 18,1 a 23,9 millones de euros; Hacienda y Administraciones Públicas gana 63,1 hasta 146 -por la asunción de las políticas de Nuevas Tecnologías-; Economía, Empresas y Empleo se va a 292,8 millones de euros -18,4 más-; y el conjunto de Bienestar Social gastará 756,6 millones de euros, 56,1 más.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, de nueva creación, tendrá en su sección un presupuesto de 150,1 millones de euros. En total, son dos nuevas secciones presupuestarias, lo que provoca un cambio en la redistribución de fondos
UN 9,2% MÁS DE GASTO EN RECURSOS HUMANOS
Los presupuestos de 2020 recogen un incremento del 9,2% en gastos de personal hasta los 3.406 millones de euros; y una subida del 8,2% en Gasto Corrientes hasta los 1.289.
Sube la partida de transferencias corrientes hasta 2.524 millones y bajan los gastos no financieros a 211,4 lo el Fondo de Contingencia a un 4,8%. El total de las operaciones financieras tiene asignado 2.411 millones de euros, casi un 50% más, sumando 802,5 millones de euros en comparación con 2018.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
En cuanto a la parte de ingresos, «previstos desde la prudencia», Castilla-La Mancha prevé recaudar 1525,8 millones de euros en impuestos directos, 243,8 millones más, un 19% de incremento.
En impuestos indirectos, la previsión es de 2.828,1 millones -245 más-; hasta 249,9 en tasas y precios públicos -46,1 más-; 2.856,5 en transferencias corrientes -61,6 más-; y 12 millones de ingresos patrimoniales. En total, 7.472 millones de ingresos corrientes, 596,9 más que en 2018.
En cuanto a ingresos de capital, la previsión pasa por 443,4 millones, casi todos ellos por transferencias de capital.
El titular de Hacienda ha puesto el acento en el ahorro neto de 252,5 millones de euros, un 119,3% más, que será posible con este proyecto de ley. Las cuentas están diseñadas para cumplir con el objetivo de déficit cero, y con la previsión de una reducción del 1,45% de la carga financiera.
EL RETO DEMOGRÁFICO, ENTRE LOS OBJETIVOS
Entre los objetivos marcados por la Consejería de Hacienda están, por encima de todos, la generación de riqueza y la redistribución de la misma. Para crearla, incentivar el crecimiento económico creando empleo, cambiar el modelo productivo desde la innovación, promover la competitividad empresarial y hacerlo de forma sostenible son algunos de los ejes.
De otro lado, para esa perseguida redistribución de la riqueza, se pretende finalizar la «recuperación y consolidación del Estado del Bienestar»; mejorar la calidad y modernización de los servicios públicos; y apoyar la igualdad de oportunidades.
Otro mimbre de los objetivos pasa por la lucha contra la despoblación, todo ello «desde el diálogo social y respetando la congelación del esfuerzo fiscal y la estabilidad presupuestaria».
EJES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA
La Consejería de Hacienda ha realizado estas previsiones con varios ejes. En primer lugar, y desde el punto de vista económico, las cuentas quieren ser expansivas en lo social, austeras en relación al gasto de funcionamiento de la Administración, inversor -superando los 200 millones destinados a infraestructuras- y «responsables» garantizando el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía.
Desde el punto de vista financiero, según Ruiz Molina, los presupuestos son «rigurosos, solventes y equilibrados», con ingresos estimados en función de la recaudación, generando ahorro y con el objetivo de déficit 0 para cerrar el año.
PUNTO DE PARTIDA
Juan Alfonso Ruiz Molina ha querido realizar un análisis del punto de partida para la elaboración de estas cuentas, relatando cómo la tasa de paro ha bajado en 10 puntos con la creación de 100.000 empleos en esta legislatura; cómo se han creado 11.200 empresas; y de qué manera ha aumentado el Índice de Confianza hasta once puntos por encima de la media nacional.
Y todo ello con un «estricto control de las cuentas hasta cumplir con los objetivos de déficit, de deuda y con la regla de gasto en 2018», tal y como ha manifestado Ruiz Molina.
En lo social, «se ha reducido el riesgo de pobreza, han aumentado los beneficiarios de la Ley de Dependencia, se han reducido las listas de espera y se han incrementado las plantillas de servicios públicos».
