Qué duda cabe que la fiscalidad es un arma de desarrollo en manos de los gobiernos para generar crecimiento económico y cohesionar socialmente los territorios. Y no estamos hablando de una herramienta novedosa, pues ya fue utilizada siglos atrás por reyes de la Península Ibérica que buscando la llegada de nuevos pobladores, otorgaron privilegios a grupos poblacionales en zonas estratégicas.
No solo en la época de la Reconquista, sino que la fiscalidad diferenciada sigue siendo hoy una palanca de desarrollo utilizada para incentivar las inversiones: Ceuta, Melilla o Canarias son buen ejemplo de ello. Fuera de nuestras fronteras, países como Francia, Reino Unido, Australia, Perú o China, aplican una fiscalidad más beneficiosa para territorios con menor desarrollo con el objetivo de que se conviertan en áreas atractivas para la inversión empresarial.
La ecuación es igual con independencia del lugar en que se aplique, pues a menores impuestos, más empresas, más crecimiento económico, más empleo y por tanto más población.
La Unión Europea, garante de la competencia y del libre mercado, no permite las ayudas de estado, que sería el término general que englobaría una fiscalidad más beneficiosa. Si bien toda regla tiene su excepción, y también en este caso, pues el Tratado de la Unión Europea, posibilita la existencia de ayudas de estado destinadas a promover el desarrollo económico de regiones desfavorecidas de un estado miembro. Es decir que la problemática de los territorios despoblados como la provincia de Soria, Cuenca o Teruel está plenamente identificada con la posibilidad que brinda la Unión Europea.
En este sentido una reducción en la cuota íntegra de impuestos como el de sociedades o IRPF, sería por sí sólo atractivo suficiente para captar el interés de inversores, de nuevos trabajadores y de pobladores en general. Desde la óptica del Derecho Comunitario la medida es factible, si bien como siempre es necesario pasar de las palabras a la POLÍTICA ambiciosa y sin complejos; en definitiva, pasar a la POLÍTICA de Estado que la magnitud del problema requiere.
Sin desdeñar ninguna otra medida, la política fiscal es la única que puede revertir la incapacidad actual de las zonas despobladas para asegurar unas condiciones socioeconómicas mínimamente competitivas que permitan aprovechar sus oportunidades y equipararse a los estándares económicos y sociales del resto de España. La medida es factible jurídicamente, sostenible desde el punto de vista económico, justa desde la óptica de la necesaria cohesión territorial, pero ¿somos las zonas despobladas objetivo de la POLÍTICA y de los políticos? En este momento en que La España Vaciada está de moda, ningún partido se atreve a negar la posibilidad, si bien ninguno ha planteado como medida de choque, una fiscalidad diferenciada para las zonas despobladas. Parece que hoy por hoy, lo único claro es que la ecuación sigue sin resolverse…
