La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha firmado este mismo jueves una resolución por la que se procede a dictar el inicio para la resolución de los contratos de concesión del servicio de transporte sanitario terrestre en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara ante los «reiterados incumplimientos» por parte de la empresa concesionaria de determinadas obligaciones consideradas esenciales dentro del contrato.
La resolución ha sido comunicada hoy mismo a la Unión Temporal de Empresas entre Servicios Socio Sanitarios Generales SL y Digamar Servicios SL (SSG), adjudicataria de la prestación de este servicio desde el mes de julio de 2017 y cuyo inicio de ejecución se materializó en octubre de ese mismo año, ha informado la Junta en nota de prensa. La vigencia del contrato se extendía hasta el 31 de septiembre de 2021.
La Dirección Gerencia del SESCAM considera fundamental que cualquier empresa prestadora de un servicio adjudicado por una administración pública «debe ser responsable y consecuente con todas y cada una de las condiciones estipuladas en el contrato suscrito para tal fin, por corresponsabilidad no solo con la propia administración, sino también con los beneficiarios últimos de la prestación, en este caso, los usuarios del transporte sanitario, y con los trabajadores del mismo».
En este sentido, durante los veinticuatro meses en los que esta empresa lleva prestando el servicio se han producido «reiterados incumplimientos que afectan a la esencia de la prestación del transporte sanitario terrestre».
«Incumplimientos que se han intentado corregir, tanto desde los Servicios Centrales del SESCAM como desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, a través de numerosas reuniones, apercibimientos y sanciones que no han conseguido reconducir la actitud de la empresa», han recalcado desde el Sescam.
Ante esa situación, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha considerado necesario iniciar los trámites para resolver los contratos con la empresa adjudicataria con el fin de proceder a licitar un nuevo concurso para la prestación de este servicio en las provincias afectadas con una nueva concesionaria que garantice «la calidad requerida y ofrezca la seriedad y responsabilidad que exige un servicio de estas características y que no ha demostrado en ningún momento la adjudicataria actual».
