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miércoles, 18 diciembre
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Olivareros de Castilla-La Mancha reclaman en Madrid mecanismos para paliar la «crisis tremenda» del sector

El sector olivarero, representado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, se ha manifestado este jueves en Madrid para denunciar la «crisis tremenda» que atraviesan más 250.000 familias de productores por las pérdidas que soportan ante los bajos precios del aceite de oliva en origen y ante la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos agrícolas, entre ellos el aceite de oliva.

Así, más de 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cataluña, han recorrido las calles de la capital, con destino en las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo el lema ‘Precios justos para un olivar vivo’ para reclamar un paquete de medidas que reactiven los bajos precios en origen y garanticen un futuro «digno» para las explotaciones de olivar tradicional.

Los manifestantes han portado pancartas con consignas como «250.000 familias muy afectadas», «U.S.A. abusa», «¡Precios Justos!» o «Gobiernos engrasados», al tiempo que mostraban ramas de olivas para denunciar el mal estado del sector. También han destacado que esta manifestación la han realizado para que los políticos actúen y vean el estado «ruinoso» en el que se encuentra el campo.

A pesar de que España es la principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015 en 2,75 euros por kilo de aceite de media).

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que el sector del olivar esta atravesando una «crisis tremenda» y que es el momento de actuar, de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación.

«Está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley: que no se pueda vender un producto que se hace en el campo por debajo del valor al que nos cuesta a nosotros producirlo», ha añadido.

Por su parte, el presidente del sector del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del sector en la manifestación, ya que el año está siendo «muy complicado» en cuanto a precios, por lo que se necesitan organismos para adecuar la oferta y la demanda.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, Sánchez Puerta ha señalado que complican más la situación, puesto que es un país en el que se vendían más de 200 millones de kilos de productos agroalimentarios, lo que supone una pérdida «letal» para el sector y deja en evidencia la desventaja de España respecto a otros países europeos.

El sector denuncia que en 2018 se produjo una caída del 26% de los precios, a una media de 3,53 euros por kilo, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de Andalucía, y ha continuado la tendencia bajista durante 2019, hasta situarse en un 44% menos (de 3,53 euros por kilo en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los actuales dos euros por kilo, por debajo de los costes de producción, 2,75 euros por kilo), en un contexto internacional de menor producción, principalmente en los países extracomunitarios.

Los manifestantes han demandado instrumentos regulatorios en el mercado para que «no se arruinen» en momentos de descensos de los precios, así como que no se produzcan aumentos excesivos que el consumidor no puede pagar.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha denunciado que en la última campaña se haya quitado a los olivareros más de 1.000 millones de euros, debido a que «la industria envasadora especula con los precios por sus propios intereses, manipulando los precios y las cantidades sin un control por parte de la Administración Pública».

A todo ello se suman, según el sector, las prácticas comerciales desleales de las cadenas de distribución que utilizan el aceite de oliva como producto reclamo, «tirando por tierra la imagen de un producto de excelencia y contribuyendo a la tendencia a la baja de los precios».

«Esta situación amenaza la viabilidad de las explotaciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más de 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indirectamente de este cultivo», han denunciado.

La superficie de cultivo dedicada al olivar en España se eleva a 2,6 millones de hectáreas, distribuidas en más de 400.000 explotaciones. Este cultivo mantiene 15.000 empleos en la industria y genera más de 50 millones de jornales por campaña.

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