La asociación Pro Animal Castilla-La Mancha ha afirmado que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real ha autorizado el sacrificio de las vacas abandonadas por su dueño en una granja de Navalpino (Ciudad Real) y ha criticado que estos animales «vuelven a ser víctimas de una administración insensible», en referencia a la Junta, y de la «colaboración necesaria» del juez.
Pro Animal ha recordado en nota de prensa que estas vacas «primero fueron maltratadas y abandonadas por el titular de la explotación». La Guardia Civil halló diez cadáveres en avanzado estado de descomposición y el resto en un avanzado estado de caquexia por falta de alimentación y de agua.
«La Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a matar a las 50 vacas de Navalpino porque no quiere gastar dinero en darles de comer y hacer el saneamiento obligatorio, que le correspondía a esta Administración. Y ello a pesar de que tanto Pro Animal como distintos santuarios de animales (Santuario Compasión Animal, en la Comunidad Valenciana; Asociación Vacaloura Santuario Animal, en Galicia; Frente L.A. Santuario Animal, en Galicia; Fundación Santuario Gaia, en Cataluña; y Protectora y Santuario Scooby, en Castilla y León) han hecho todo lo que han podido para que les entregaran a las vacas y que pudieran vivir».
En este sentido, ha lamentado que a estos santuarios «que no reciben ningún dinero público y que están dispuestos a proteger y cuidar a estas vacas maltratadas de forma altruista» se les «han puesto todas las trabas administrativas posibles para que puedan acogerlas», añadiendo que su propia asociación ha sufrido «todos los impedimentos posibles por parte de la Junta de Castilla-La Mancha y del propio Juzgado».
«Todo ello, a pesar del pacto mantenido, el día 10 de abril de 2019, entre Consejería de Agricultura y Pro Animal, donde se acordó que esta asociación fuese nombrada depositaria de la explotación, estando condicionada a los resultados de la calificación sanitaria (deber incumplido por la JCCM, ya que nunca lo efectuó), para el traslado a los santuarios de sus respectivas comunidades autónomas», ha recordado.
Pro Animal Castilla-La Mancha ha considerado que «tanto al Juzgado como a la Administración le estorban las vacas de Navalpino» y ha incidido en que «con su muerte se desentienden del problema, un problema que no es la primera vez que se da y que volverá a darse cada vez que un ganadero decida que no quiere seguir encargándose de su explotación o deje morir a sus animales por falta de recursos o pura crueldad».
«Estas situaciones de abandono y maltrato existen y cerrar los ojos a ello no va a evitar que siga ocurriendo. Y las administraciones competentes en materia de protección animal no están ni se las espera para solucionar este problema. Para estas Administraciones les resulta más fácil sacrificar a los animales que han sido abandonados o maltratados y mirar para otro lado. Son las mismas administraciones y autoridades a los que se les llena la boca cuando hablan de medidas de bienestar animal», ha concluido la asociación.
