Desde la Federación de Empleados y Empleadas públicos de UGT en Ciudad Real se ha querido demostrar con documentación judicial que la concejal de personal del Ayuntamiento de Tomelloso, Montse Moreno, ha faltado a la verdad negando los despidos de las trabajadoras de ayuda a domicilio en las declaraciones realizadas recientemente.
Para ello, el sindicato ha aportado un auto de extinción de la relación laboral, ya que todos se han realizado en el mismo sentido, en el que se recoge que el despido ha sido declarado improcedente por el Juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real y en el que consta que el Ayuntamiento ha optado por la indemnización, en lugar de la readmisión de las trabajadoras, lo que ha provocado que se declare extinguida la relación laboral.
Por este motivo Javier Román, secretario general de la FeSP-UGT no entiende que la edil niegue la evidencia, “ya que si acudimos tanto a la redacción del artículo 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, las trabajadoras podían adquirir su condición de fijeza porque reunían los requisitos que establecía la ley, porque que en ambos apartados del citado artículo se recoge esa posibilidad”. Y lo que han hecho las trabajadoras, según Román, ha sido reclamar al ayuntamiento para que les regularice su situación.
En este sentido el responsable sindical ha matizado que lo que no se esperaban las trabajadoras es que el Ayuntamiento optara por el despido cuando el Consistorio Municipal regularizó el año pasado a 80 trabajadores, con aplicación del artículo 15.1, pero también lo ha hecho con otros en aplicación del artículo 15.5 del E.T, “trabajadores que también han denunciado a través de este sindicato”, ha informado.
DISCRIMINANDO A UNOS FRENTE A OTROS
Román también ha querido recordar al equipo del Gobierno municipal que a pesar de que el 29 de junio de 2017 se modificó la ley por parte del Gobierno Central, impidiendo a cualquier administración transformar contratos temporales en indefinidos, antes de que entrara en vigor dicha ley se solicitó la regularización de todos los que cumplían los requisitos legales pero se regularizó a unos si y a otros no, “discriminando a unos trabajadores frente a otros”. Por lo que- ha matizado- “más que una cuestión legal es una cuestión de voluntad política en la que los derechos de los trabajadores deberían de haber sido la prioridad”.
En lo que se refiere a la afirmación de la responsable municipal en la que decía que dos de las trabajadoras siguen prestando servicios con el ayuntamiento, por lo que no puede considerárseles despedidas, desde UGT también se ha calificado de incierto- ya que según se ha informado- “lo que ha hecho el ayuntamiento es extinguir la relación laboral con el objetivo de que las trabajadoras no adquieran la fijeza que tenían y ahora se les ha llamado de una bolsa de trabajo para cubrir una vacante de baja por enfermedad, ya que con esa figura jurídica, tal y como recoge el E.T, no pueden adquirir la condición de fijeza”.
Por último, Román ha reprochado al Ayuntamiento que haya gastado de las arcas municipales en torno a los 20.000 euros para indemnizar a estas trabajadoras, cuando- según ha dicho- si se hubieran optado por la readmisión se hubieran ahorrado unos 14.000€, motivo, por el que ha vuelto a recordar que revertir esta situación sería lo más justo y coherente “ya que el PSOE debería dar ejemplo en el respeto a los derechos de los trabajadores” ha concluido.
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