Javier Román, secretario general de la FeSP UGT de Ciudad Real ha hecho una llamada a la reflexión a la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, para que revierta la situación y readmita a las trabajadoras “que lo único que han hecho ha sido reclamar sus legítimos derechos”.
No obstante, Román ha matizado que desde UGT son conocedores que la situación de precariedad laboral en la que se encuentra el colectivo, heredada del anterior Gobierno municipal del PP, pero “ello no es impedimento -según Román- para que el actual Gobierno socialista de la localidad estabilice un servicio que se encuentra en precario”.
Román ha recordado que el Ayuntamiento de Tomelloso, tal y como se hizo público el pasado 15 de mayo, cerró el ejercicio presupuestario de 2017 con superávit, lo que, a su juicio, “debería servir para valorar adecuadamente la labor que realizan las trabajadoras del servicio de Ayuda A Domicilio, ya que si lo comparamos con otros servicios del Ayuntamiento es de los que más temporalidad y brecha salarial alberga”, ha destacado.
Según ha apuntado el responsable de FeSP UGT Ciudad Real, en la actualidad el servicio cuenta con unos 34 puestos de trabajo de los cuales 10 están cubiertos con trabajadoras indefinidas, que se les reconvirtió el contrato temporal en indefinido en diciembre de 2016, “algo que se ha podía haber hecho con estas trabajadoras, que se encontraban en la misma situación” han señalado.
La única diferencia, según se ha mantenido desde el sindicato, es que por un cambio legislativo del PP con la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2017 ya no se puede hacer la reconversión sino es a través de la vía judicial, y ante la negativa del equipo de Gobierno actual a convertir sus contratos en indefinidos antes de entrar en vigor la Ley, no se ha tenido otra opción que recurrir a la misma.
Asimismo, ha matizado que a pesar de que se readmitiera a estas 11 trabajadoras ocuparían un total de 22 puestos de trabajo, “muy alejado de los 34 puestos previstos en plantilla”. De esta forma, según ha apuntado, la situación que se ha generado no dejará otra opción al consistorio municipal que recurrir a la contratación temporal de seis meses, dándose la incongruencia de que serán probablemente las mismas trabajadoras despedidas, que algunas llevan más de 20 años prestando sus servicios, las que serán nuevamente contratadas a través de una bolsa de trabajo a la que se les obliga a presentarse año tras año ya que el servicio se seguirá prestando igualmente.
Por último, Javier Román ha querido recordar que la semana pasada coincidiendo con la aprobación en el Congreso de los Diputados de La Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2018, UGT valoró positivamente que el Gobierno de España realizara el anuncio de traspasar las competencias de la Ayuda a Domicilio a las Entidades Locales “ya que se encuentran más saneadas económicamente que las Comunidades Autónomas, lo que debería ayudar para que este colectivo mejore sus condiciones laborales”, ha concluido.
