El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM C-LM) ha manifestado que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la mesa de la Función Pública sobre las retribuciones de los funcionarios «no satisface en absoluto» las demandas de los facultativos, ya que supone «una auténtica discriminación» hacia ellos, y se adherirá a la manifestación convocada el día 21 de marzo a las 12.00 horas por CESM frente al Ministerio de Sanidad.
Según ha informado el sindicato, el acuerdo consolida los recortes salariales del año 2010 y discrimina a todos los facultativos con respecto al resto de los trabajadores de la Administración. «No partimos desde las mismas condiciones», ha asegurado.
CESM C-LM ha recordado que los facultativos de Castilla la Mancha fueron «los más castigados con los recortes», que afectaron especialmente a los médicos con la Ley 1-2012 del anterior Gobierno regional. En este sentido, ha incidido en que las pérdidas retributivas llegan en muchos casos hasta el 30 por ciento de los salarios.
«A los médicos se les recortó el 9 por ciento de sus retribuciones frente al 5 por ciento del resto del sector público, el 41 por ciento en las pagas extras, se paralizó la carrera profesional, se hicieron recortes en los módulos para exentos mayores de 55 años que no realizan guardias», ha detallado.
Asimismo, ha comentado que la jornada de 35 horas ha sido vinculada en ese acuerdo al cumplimiento de los objetivos económicos del Gobierno de España, cuando aquí ya se disfrutaba «y fue anulada por el Tribunal Constitucional a instancias del propio Gobierno nacional». También ha lamentado que se vincula la tasa de reposición para nuevas contrataciones. «Los días de libre disposición, los aumentan a 11 para conciliación de la vida familiar y laboral, pero son recuperables. Ahora disfrutamos de 6 días y no son recuperables», ha añadido.
Desde CESM C-LM se han preguntado «en qué beneficia este acuerdo a los facultativos» y por eso han exigido «el abandono de las políticas de recortes en la sanidad por parte del Gobierno nacional y la derogación de la Ley 1/2012 por parte del actual Gobierno de Castilla-La Mancha», ya que es la que sigue «dando soporte» a la normativa que restringe sus derechos en la Comunidad Autónoma.
