Castilla-La Mancha experimentó «una apreciable» disminución de la delincuencia en general en el año 2017, según consta en la Memoria Anual de la Fiscalía de la comunidad autónoma correspondiente a este año.
Es en este documento donde se recoge que en el año 2017 se incoaron 7.131 procedimientos abreviados en la región, 329 menos que el año anterior, cuando se incoaron 7.460, lo que supone un 4,41 por ciento menos, convirtiéndose en la cifra más baja de los últimos cinco años.
Precisamente, este mismo jueves el fiscal superior de la región, José Martínez, ha comparecido en las Cortes regionales para informar sobre la Memoria Anual, donde ha destacado un descenso general en las cifras globales de la criminalidad durante el pasado año 2017.
De este modo, ha explicado que descienden las diligencias previas y los procedimientos abreviados por delitos graves y menos graves, desciende el número de procedimientos por delitos leves, baja también el número de escritos de acusación y se produce un ligero descenso en sentencias de conformidad, lo cual «es un dato negativo».
Para el fiscal superior, los más de 7.000 procedimientos abreviados iniciados es una cifra «importante» para una población de dos millones de habitantes como es Castilla-La Mancha, «una sociedad tranquila y pacífica», que tiene cifras de delincuencia de las más bajas de España.
«Las cifras nunca serán suficientemente bajas para que nos sintamos satisfechos», ha dicho el fiscal.
Centrándose en los delitos que han motivado esos procedimientos, el fiscal ha señalado que se ha producido un descenso de los delitos contra la vida, a pesar -ha comentado- de que el año 2017 arrancó «con unas cifras trágicas» como consecuencia de los asesinatos de Campo de Criptana y Daimiel en el marco de violencia de género.
También ha resaltado que mantienen una tónica de estabilidad los delitos de lesiones y descienden de manera importante los delitos contra el patrimonio, que representan ahora mismo solamente un 20 por ciento de los procedimientos penales, es decir, uno de cada cinco, cuando hace unos años eran la mitad.
Esto tiene que ver, según ha explicado, con que en los delitos patrimoniales el éxito policial es menor porque localizar al autor de los hechos es difícil. Al no estar localizado, el atestado no se remite al juzgado y por tanto no se abre un procedimiento por ese delito.
