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lunes, 23 diciembre
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Nueva “vida” para el Hospital del Carmen

Será sede de los servicios administrativos de la Junta en la provincia de Ciudad Real

La coordinación institucional llevada a la práctica desde el minuto uno. Esta ha sido la clave que ha marcado la hoja de ruta de los tres últimos años para desbloquear el enconado proceso en el que entró el edificio del Hospital de Carmen durante la anterior legislatura, al ser abandonado por el Gobierno Regional de Cospedal, que en 2013 lo dejó sin actividad y sin ningún tipo de protección, lo que dio lugar a cuantiosos destrozos al ser “okupado” y sufrir numerosos daños consecuencia del vandalismo al que fue sometido.

PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN

La diputación provincial de Ciudad Real es titular de la propiedad del inmueble denominado Hospital Nuestra Señora del Carmen desde su construcción en 1978, dicho inmueble fue objeto de cesión gratuita al INSALUD en 1987, con la finalidad de su uso como Hospital. Siendo posteriormente objeto de transferencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Real Decreto1476/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de CLM de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

Tras la inauguración del nuevo Hospital General Universitario de Ciudad Real a finales de 2005, parte de las instalaciones del Hospital del Carmen dejaron de utilizarse, quedando el resto a disposición de la Gerencia de Coordinación e Inspección Médica y de la asociación de ludópatas “LARCAMA”.

EN 2013 QUEDA SIN USO

Es en el marco de las políticas de recortes del Gobierno de Cospedal, cuando en enero de 2013 se inició el traslado de la Gerencia de Coordinación e Inspección Médica a otras dependencias, situadas en la calle Alarcos, y la Asociación “Larcama” se trasladó también a las dependencias del antiguo Centro de Especialidades del antiguo Complejo Hospitalario de Ciudad Real en el mes de abril.

A partir de este momento, el edificio del Hospital del Carmen se queda sin uso y completamente desprotegido y a merced de los vándalos que “okupan” el inmueble y le ocasionan múltiples destrozos de incalculable valor: cristales rotos, camas que se arrojaban desde las ventanas, cables, marcos de puertas, sanitarios y alicatados arrancados de cuajo, suciedad y caos por todas las plantas del antiguo hospital. Las estancias en las que durante años se procuraba salud y cuidados a los enfermos servían de lugar de reunión a delincuentes y okupas que prendían fuego al mobiliario y sembraban sus pasillos de suciedad.

El Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, propietaria del edificio cedido a la Junta, capitaneado entonces por Nemesio de Lara, tuvo conocimiento del abandono del inmueble por el Gobierno Regional, cuando la Policía Nacional y Local avisó a los servicios de seguridad de la Institución Provincial que vigilan sus dependencias cercanas del departamento de Vías y Obras, de que el edificio Hospitalario había sido abandonado y estaba siendo objeto de ocupación y actos vandálicos.

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Ese momento, el entonces Presidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara, remitió sucesivos escritos al Gobierno regional, dirigiéndose a la consejería de Sanidad, gestionada por José Ignacio Echániz, comunicando la situación de abandono del antiguo centro sanitario y pidiendo formalmente la reversión del edificio en varias ocasiones. También entonces se denunció la lamentable situación del edificio a través de los medios de comunicación, mostrando con imágenes y fotografías, el nivel de deterioro al que estaba sometiéndose el edificio.

Paralelamente, los repetidos requerimientos que partían del Palacio Provincial no suscitaban interés en las instancias competentes del Ejecutivo autonómico, desde donde se retrasaban semanas, incluso meses, las contestaciones oficiales.

Fue en julio de 2013 cuando se vivió el momento más surrealista con la llegada a la Diputación de una misiva firmada por el entonces gerente del SESCAM, Luis Carretero Alcántara, mediante la que exigía la suspensión de la vigilancia privada y la retirada del vallado que levantó la institución provincial para evitar precisamente, la proliferación de actos vandálicos que ocasionaron daños por valor de más de 8 millones de euros.

“Su posesión -la del edificio- y los derechos y obligaciones derivados de la misma continúan correspondiendo en exclusiva a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, aseveraba Carretero, quien calificó de “injerencia totalmente ilegal” las medidas de protección adoptadas por la Diputación frente a la creciente presencia de “okupas”, una triste realidad que en esas fechas ya había motivado varias denuncias y numerosas comunicaciones discretas, algunas de ellas procedentes del entorno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por parte del equipo de gobierno de la Diputación se encargó a sus servicios técnicos un informe sobre la situación del inmueble así como una valoración de los costes de reposición del edificio a su estado de “original” después de los destrozos ocasionados por el abandono y la ocupación. El 24 de julio de 2014 se dio a conocer un estudio de evaluación y análisis del antiguo inmueble sanitario realizado por los técnicos de la Diputación que cifraba en 8’03 millones de euros los costes de rehabilitación para que pudiera ser revertido a la Administración provincial. Una cantidad nada desdeñable que se incrementaba hasta los 28 millones en el caso de que la reversión se produjera en total disposición de prestar usos hospitalarios, tal y como recogían los informes que se firmaron con el objetivo de ir revalidando la cesión original.

En noviembre de 2013 la Tesorería de la Seguridad Social, comunicó a la Diputación Provincial que la Secretaria General del SESCAM había informado favorablemente la reversión del uso del Hospital del Carmen. Así como que la Consejería de Hacienda había declarado innecesario el uso del mismo poniéndolo a disposición de la Tesorería de la Seguridad Social para que procediera a su reversión a la Diputación Provincial, instando a esta a “manifestar las observaciones que considerara oportunas en cuanto a su estado y conservación…”

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SE RECHAZA LA RETROCESIÓN

La propia Dirección General de la TGSS, al conocer las deficiencias que presentaba el edificio del Hospital del Carmen, tras una visita conjunta con los técnicos de la Diputación Provincial realizada en noviembre de 2013, rechazó la retrocesión solicitada por el Gobierno de Cospedal, “en tanto que el mismo no esté en condiciones de ser aceptado también por la Diputación Provincial”. Ciertamente la Diputación Provincial no podía aceptar recuperar un edificio con ese nivel de deterioro si previamente el Gobierno de Cospedal no transfería los recursos necesarios para devolverlo a su estado original, asumiendo el desgaste propio del uso y de los años.

CAMBIO DE GOBIERNO, NUEVA VIDA PARA EL CARMEN

Es a partir del inicio del nuevo mandato, con el cambio de Gobierno regional y con José Manuel Caballero al frente de la Diputación, cuando se recupera el objetivo de la anterior corporación presidida por Nemesio de Lara, de dar una solución al Hospital del Carmen que revierta en beneficio de Ciudad Real y de la provincia. Desde la reunión que mantuvo Caballero con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, nada más tomar posesión ambos, se ha impulsado un proceso marcado por un trabajo callado y continuado que ahora germina con la implicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está dispuesta a asumir el arreglo del deteriorado inmueble para darle usos administrativos y reunir así todos sus servicios administrativos, que en la actualidad están diseminados por la capital.

Con esta actuación, contenida en el Plan Ciudad Real 2015 presentado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, hace unos meses, se contribuye decisivamente al desarrollo de la zona de la Puerta de Santa María mientras se ofrece al ciudadano un lugar más descongestionado donde ir a realizar los trámites que son competencia de la Administración autonómica.

Los servicios jurídicos y de patrimonio de la Diputación trabajan ya para preparar, determinar y calendarizar los pasos a seguir. Por un lado, se iniciará un procedimiento de reversión del Hospital Nuestra Señora del Carmen de la Tesorería General de la Seguridad Social y de esta a la Diputación. Y, por otro, se llevará a cabo el procedimiento de cesión del inmueble y su entorno de la institución provincial a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CESIÓN AL INSALUD Y CON POSTERIORIDAD PASA AL SESCAM

Todo comenzó el 25 de julio de 1987. El Pleno de la Diputación adoptó el acuerdo de ceder el Hospital del Carmen para que formara parte de los regímenes estatutarios del entonces Instituto Nacional del Salud (INSALUD) ante la necesidad expresada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, porque la comunidad autónoma aún no tenía competencias en la materia, de conformar un complejo hospitalario único en la capital de la provincia junto al Hospital Nuestra Señora de Alarcos. El 10 de abril de 1989 el INSALUD comienza a gestionar el centro sanitario, que prestaba asistencia a los beneficiarios de la Seguridad Social desde 1972, ya que su función social anterior a esta fecha era de beneficencia.

Por otra parte, el 6 de mayo de 1993 Francisco Ureña Prieto, presidente de la Diputación, y el ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, firman acuerdos que regulan la situación laboral de los trabajadores. En el capítulo segundo refiere que “la Diputación provincial se reserva la titularidad de los terrenos y edificaciones del hospital, cediendo gratuitamente su uso al INSALUD mientras sea necesario para la prestación de la asistencia sanitaria”. Y en estos términos el edificio es cedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2001.

A partir de 2006 se va registrando un paulatino cese de la actividad sanitaria pero se siguen utilizando las estancias donde trabajan funcionarios del Ministerio de Justicia, concretamente los médicos forenses y también otras como las de la cuarta planta, donde se instaló un nuevo centro de salud. El edificio era mantenido, cuidado y preservado por el Gobierno regional, hasta que a partir de 2011 se inició un proceso de abandono que en 2013 era ya crítico con la consiguiente devaluación del entorno que ahora la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real pretenden desarrollar con la colaboración imprescindible y el compromiso presupuestario del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Las tres administraciones demuestran, una vez más, que la colaboración institucional encierra una rentabilidad social que cada vez pasa menos inadvertida para el ciudadano de la capital y de la provincia.

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