La banda terrorista ETA prepara el camino para su disolución definitiva con un comunicado en el que reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas ajenas al conflicto tras 40 años de actividad, cuatro décadas en las que su huella también se ha dejado ver en Castilla-La Mancha.
El 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinó al agente de la Guardia Civil José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años y natural de Talavera de la Reina, y a su compañera de servicio, Irene Fernández, de 32 años y natural de Gijón, dos de los más de 200 guardias civiles asesinados por los terroristas. Ambos estaban destinados en el puesto de Sallent y fallecieron cuando iniciaban su jornada laboral, a las 6.00 horas.
«Para que a mí me valga de algo lo primero que tienen que hacer es entregar las armas y colaborar con la justicia en los más de 300 asesinatos sin esclarecer», ha asegurado.
UN CONQUENSE QUE CONDUCÍA UN AUTOBÚS, VÍCTIMA NÚMERO 20 TRAS EL FIN DE LA TREGUA
El 8 de noviembre del año 2000 fallecía Jesús Sánchez, natural de Villamayor de Santiago, residente en Rivas Vaciamadrid y conductor del autobús de la línea 53 de la EMT de Madrid, tras diez días en coma en el Hospital Ramón y Cajal. Se convertía en la víctima número 20 de la banda tras el fin de la tregua.
Fue una víctima más del atentado con un coche bomba, aparcado en la esquina de la Avenida de Badajoz con la calle de Torrelaguna, que esperaba el paso del coche oficial de José Francisco Querol Lombardero, general de la armada y magistrado de la sala quinta del Tribunal Supremo.
El regidor recuerda perfectamente el día del atentado. «Fue un día muy triste en Villamayor, la gente lo vivió en un profundo silencio y con mucha rabia contenida». Sánchez fue enterrado tras un funeral multitudinario con presencia de autoridades en un pueblo que desde entonces dedica una calle a su memoria.
EXGUARDIA CIVIL VÍCTIMA DE DOS ATENTADOS: «TODO ES UNA FALACIA»
José Domínguez Piris, exagente de la Guardia Civil que sufrió dos atentados de la banda en los años 1990 y 1991, ha expresado su sentimiento de «repulsa» ante el comunicado en el que la organización criminal pide perdón, y que considera una sucesión de «mentiras y falacias».
A su juicio, el comunicado de ETA «equipara» a víctimas y verdugos tras una sucesión de crímenes que se cobraron la vida de más de 800 víctimas y dejaron más de 3.000 heridos, incluidos niños. «Es una falacia que sigan hablando de bandos enfrentados cuando solo hubo un grupo de víctimas: las que pusieron su nuca para ser asesinadas», ha remachado.
Domínguez, que desconfía de que el grupo criminal vaya a entregar las armas y explosivos que aún obran en su poder, ha insistido en que la banda «no puede mostrar arrepentimiento» porque sus «brazos políticos» siguen presentes en determinadas instituciones. «Y si ha pedido perdón ha sido porque sabe que ha sido derrotada definitivamente por el Estado de Derecho», ha señalado.
José Domínguez Piris sufrió el primer atentado en Pamplona el 25 de junio de 1990 cuando, en el transcurso de una inspección rutinaria, fue tiroteado desde un vehículo por los integrantes de un comando terrorista. En esta acción su compañero falleció y él resultó gravemente herido.
Posteriormente, en abril de 1991, su padre resultó herido tras abrir un paquete que contenía una bomba de Goma 2 en el domicilio familiar de Argamasilla de Calatrava. «La desgracia pudo ser mayor», recuerda, ya que «solo detonaron los cebadores».
BOMBA EN CIUDAD REAL
El 6 de diciembre de 2004, Día de la Constitución, ETA anunciaba en el diario Gara la colocación de bombas en ciudades como Málaga, Ciudad Real y Alicante, dentro de una campaña de colocación de pequeños artefactos a lo largo de todo el país, varios de ellos en lugares relacionadas con la palabra ‘España’. Precisamente, en la primera comunicación, se apuntaba a que el explosivo se habría colocado en un bar en la Plaza de España de la capital ciudadrealeña.
El artefacto explosionaba a las 13.30 horas en el bar El Peral, junto al Rectorado de la UCLM, provocando heridas leves a dos policías nacionales y al dueño del establecimiento además de daños materiales.
El aviso se recibía en torno a las 13.20 horas en la Comisaría de Policía ciudadrealeña, que se encargó de alertar a las unidades móviles que prestaban servicio en diversas zonas y que se dirigieron de forma inmediata al lugar, donde se desalojaron todos los locales comerciales de la plaza.
LA ‘CARAVANA DE LA MUERTE’ EN CAÑAVERAS CON 500 KILOS DE EXPLOSIVO
Otra de las veces en las que la banda terrorista ETA dejó su impronta en la región fue el 28 de febrero de 2004, cuando la Guardia Civil impidió que ETA atentara en la capital de España al detener a dos miembros de la banda que llevaban una furgoneta bomba cargada con más 500 kilos de explosivos depositados en un bidón de metal, en lo que se llamó la ‘Caravana de la Muerte’.
En aquella ocasión, la intervención de la Benemérita logró la detención en Cañaveras (Cuenca) de dos miembros de ETA sin antecedentes, Irkus Badillo Bordo y Gorka Vidal Álvaro, que viajaban en una furgoneta cargada con 506 kilos de cloratita, 30 de dinamita y 90 metros cordón detonante. El explosivo estaba dentro de un contenedor, fijado a la furgoneta para que sirviera de metralla.
El convoy de ETA estaba compuesto por dos furgonetas, una cargada con explosivos y otra que iba por delante en misión de lanzadera. La primera, que llevaba placas falsas, había sido robada en Francia en el mes de noviembre de 2003.
El entonces titular de Interior, Ángel Acebes, manifestó tras las detenciones que la acción terrorista que los activistas pretendían llevar a cabo en la capital de España habría provocado un cráter 35 metros, daños irreparables en los edificios que hubieran estado a 60 metros a la redonda y la distancia de seguridad para las personas debía ser de 1.500 metros.
La furgoneta bomba llevaba incorporada un temporizador, por lo que previsiblemente los miembros de ETA habrían dejado el automóvil y se hubieran marchado después de programar a la hora en la que se iba a producir la deflagración.
En el juicio contra ellos celebrado en la Audiencia Nacional en 2007, Badillo y Vidal reconocieron indirectamente su intención de colocar en una zona industrial de Madrid la furgoneta-bomba.
