El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley relativa a Transición Española en la que insta al Gobierno Regional a apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española «de manera firme con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia quecompartimos».
A su juicio, esto significa, entre otras acciones, «el control de la televisión pública catalana por parte de representantes del Estado, para garantizar que realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes y de las competencias gubernamentales que sean necesarias para garantizar un gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los catalanes, sin exclusiones ni sectarismos, especialmente en las áreas de educación y seguridad pública».
Así, quieren que la Junta defienda «los símbolos que nos representan como nación y como españoles, que nos representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan»; la Monarquía parlamentaria y «el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las regiones respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales», pero sin que dichas lenguas «sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar el español».
PROPUESTA DEL PSOE
Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra PNL en la que insta al Gobierno regional y al resto de instituciones autonómicas a que «tengan siempre presente los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, para que vivan con plena igualdad que el resto de la ciudadanía española, dentro del marco del Estatuto de Autonomía y de la Constitución».
Así, reivindican los socialistas «para cuantos tienen responsabilidades públicas y, en general para el conjunto dela ciudadanía, el espíritu de diálogo y de consenso que durante la Transición política en España hizo posible la elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978».
Consideran además que «la normalidad institucional contribuye a la paz social, al desarrollo económico, al progreso y la solidaridad y evita enfrentamientos destructivos e innecesarios y consolida elrégimen de derechos y libertades de la ciudadanía».
