El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el ‘rescate’ de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías.
El Gobierno también ha instado a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Consejo ha autorizado rescindir siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
La ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.
En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.
PRIMER RESCATE, EL MIÉRCOLES.
Por el momento, sólo hay fecha para el ‘rescate’ para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.
El objetivo de Fomento con este ‘rescate’ es «garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios» tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que «lanzará en los próximos meses», según recordó Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.
‘FACTURA’ PARA LAS ARCAS PÚBLICAS.
Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.
El Gobierno unos 2.000 millones esta ‘factura’ en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones.
Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es «orientativo» y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.
