La ausencia a la firma de las escrituras de compraventa de un fondo británico, principal inversor en la operación, ha frustrado este jueves la compra definitiva del aeropuerto de Ciudad Real tras una inversión de siete millones de euros y dos años de trabajo.
Así lo ha hecho público este jueves el presidente de Ciudad Real International, Rafael Gómez Arribas, en una comparecencia en la que ha puesto de manifiesto el «extraño» comportamiento del fondo británico Roundshire LLP que, a pesar de tenerlo todo firmado para hacer efectiva la inversión desde hace tres semanas, lleva dos días sin comunicarse con la empresa adjudicataria del aeropuerto.
Esta actitud, «que no sabemos a qué se debe porque es uno de los fondos más serios de la City de Londres», es la que ha provocado que «haya sido imposible efectuar la compra por falta apoyo financiero».
Una falta de apoyo que Gómez Arribas ha atribuido a varias circunstancias, entre las que ha citado el retraso y falta de concesión de las licencias que habrían lastrado la inversión ya que «mientras no tenga las licencias, el aeropuerto vale menos que una finca destinada al cultivo hortalizas».
El presidente de CRIA ha apuntado también que en dos años no han conseguido que la administración les concediera la calificación de gestor aeroportuario «porque nos decían que para serlo, antes teníamos que comprar un aeropuerto y el de Ciudad Real no se considera aeropuerto hasta que no fuéramos gestores aeroportuarios».
A pesar de su semblante serio, el presidente de CRIA ha destacado que el hecho de que el aeropuerto de Ciudad Real sea privado es, a su juicio, la principal ventaja y oportunidad que tiene, por lo que ha afirmado, «nosotros no vamos a tirar la toalla». «Hoy está más cerca la venta y si vuelve a salir y disponemos de la financiación, volveremos a intentar comprarlo».
En este sentido, ha puesto en valor el trabajo sobre el que se ha avanzado en los dos últimos años como solventar los problemas con la titularidad de las fincas, corregir el estado de abandono en el que se encontraba la infraestructura o avanzar en la obtención de la licencia aunque aún no se haya conseguido. «Pero de todo esto solo beneficiarse el que venga», ha apostillado.
Tras agradecer el apoyo institucional así como el «comportamiento de todos los proveedores que han trabajado en la puesta a punto de la infraestructura», Rafael Gómez ha explicado que va a remitir un escrito al juzgado de lo Mercantil con el compromiso de asumir esos gastos que se han producido.
«Hemos invertido casi 7 millones de euros y dos años de trabajo, pero aquí acaba todo», ha concluido Gómez Arribas, no sin antes reconocer que en estos dos años se han encontrado con mucha resistencia, si bien no cree que haya sido «una mano negra».
