El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aconsejado a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que «acelere en la medida de lo posible» la «definitiva implementación» del contrato-programa para «avanzar en la sostenibilidad financiera» de la entidad y que «proceda a la elaboración de programaciones a medio o largo plazo a incluir en su plan estratégico, con los ajustes necesarios», de acuerdo con los objetivos establecidos para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma.
Igualmente, el informe estima que la UCLM «debe realizar las medidas oportunas para considerar a la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha como dependiente y posibilitar su control a través del Consejo Social junto con la unidad de control interno» y apunta que los órganos de contratación «deberían justificar de una manera precisa y concreta la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados».
SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
El informe asegura que, en sus aspectos significativos, se refleja «la imagen fiel» de la situación financiera y patrimonial y de los resultados en los ejercicios fiscalizados a la fecha de cierre del ejercicio 2015 de la institución académica, así como la ejecución del presupuesto «de conformidad con el marco normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resultan de aplicación».
No obstante, se destaca que las cuentas anuales de la UCLM correspondientes al ejercicio 2015 «fueron aprobadas y rendidas fuera de plazo», y se asegura que la firma de un convenio de financiación entre la universidad y el Gobierno regional en 2014, «la fuerte dependencia financiera de la universidad y el retraso importante en el cobro de las transferencias devengadas en los ejercicios previos a la fiscalización han impedido a la universidad contar con unas previsiones fiables de financiación».
Ello ha supuesto que no se cuente con «una programación a medio o largo plazo dentro de un plan estratégico a elaborar por la universidad», indica el informe del Tribunal de Cuentas que señala que la UCLM no superó el límite de gasto de 252,5 millones de euros establecido para 2015.
Respecto a la evolución de los recursos humanos de que dispone la UCLM para el desarrollo de sus funciones se muestra un aumento de efectivos del 3,8 por ciento, hasta los 3.400, «habiéndose verificado el cumplimiento de las prescripciones legales correspondientes a la oferta de empleo del 2015, con la correspondiente autorización por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma».
También se ha comprobado, según el Tribunal de Cuentas, el cumplimiento del artículo 48.4 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), si bien «no se ha respetado el límite previsto» en lo que se refiere al personal docente e investigador con contrato laboral temporal, que no podrá superar el 40 por ciento de la plantilla docente, ya que ese porcentaje en la universidad era del 42 por ciento en 2015.
FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
Además, y como se viene señalando en sucesivos informes, el Tribunal de Cuentas «percibe una falta de seguridad jurídica existente en diversos aspectos relacionados con el personal de las universidades públicas», de las que la Comunidad Autónoma debería regular aquellas especialidades reconocidas a la universidad que se aparten del resto de su sector público en atención a sus peculiaridades, con respeto a la legislación básica estatal dictada en la materia.
Transcurridos diez años desde la adaptación de la LOU a los valores y postulados de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, también se destaca en el informe «la falta de cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de paridad», y aunque se reconoce que la Universidad de Castilla-La Mancha «ha mejorado ligeramente en el ejercicio fiscalizado la paridad por género de su personal, se añade que «sigue presentando sesgos importantes en favor del género masculino dentro del personal docente investigador (PDI)».
De otro lado, el informe recoge que «sigue sin justificarse suficientemente la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos que han sido analizados, y los pliegos de cláusulas administrativas siguen adoleciendo de imprecisión a la hora de la baremación de los diferentes criterios de adjudicación de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia».
