La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado verá este martes 9 de enero el informe de la ponencia sobre el borrador de Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Educación para modificar el sistema de oposición a los cuerpos docentes. CSIF, UGT, CCOO y STES-i han presentado enmiendas para pedir, entre otros cambios, que los exámenes no sean eliminatorios.
En concreto, el informe de la ponencia, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de cinco páginas y sólo propone cambios de forma. Dedica dos a enumerar los antecedentes de esta modificación del Real Decreto de 2007 por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
El resto, contiene comentarios sobre el modo en que el Ministerio de Educación la ha plasmado en su borrador de Real Decreto. Propone, por ejemplo, que cuando se refiere a «nivel educativo» utilice la expresión «etapa educativa» o que la disposición transitoria se organice en puntos con números y letras.
NO SE ADENTRA EN EL PRINCIPAL PUNTO DE DEBATE
No entra así en el centro del debate, que si bien tiene otras aristas está en el diseño de los exámenes de oposición. Todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial a excepción de ANPE, piden que no sean eliminatorios, como hasta ahora, sino que se realice un promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno.
El Gobierno sometió este asunto a consideración de las comunidades autónomas en la pasada Conferencia Sectorial de Educación, que se reunió el 20 de diciembre y obtuvo unanimidad en cuatro de los cinco puntos debatidos sobre la modificación del Real Decreto, pues los gobiernos autonómicos socialistas expresaron su disconformidad sobre la forma en que se plantean los exámenes. Aún así, fue aprobado.
El asunto más discutido fue la prueba de conocimientos, que de acuerdo al borrador diseñado por el Gobierno, constará de tres partes –prueba práctica, desarrollo de un tema y prueba de aptitud pedagógica– y serán eliminatorias, de modo que habrá que superar cada una de ellas con una nota mínima de cinco puntos para poder seguir optando.
SIETE ENMIENDAS AL INFORME
Al informe de la ponencia del Consejo Escolar se han presentado 7 enmiendas redactadas por los consejeros de STES-i, CSIF, CCOO y UGT, y tres de ellas van en la línea de establecer pruebas no eliminatorias. Es el caso de la impulsada por el consejero de CSIF, Mario Gutiérrez, quien propone eliminar la previsión de que los aspirantes tengan que alcanzar una puntuación mínima igual o superior a cinco puntos para superar la prueba.
«En un proceso extraordinario como esto no parece lógico que la parte más didáctica no sea evaluada para todos los aspirantes siendo por tanto algo que se pretende con esto: Que todos los aspirantes sean evaluados de todas las partes para que aquellos que superen la fase de oposición lo hayan hecho de manera completa», explica el representante de CSIF en la justificación de su enmienda.
STES-i va en la misma línea: quiere modificar el precepto sobre los exámenes por un artículo donde se establezca que «la prueba de la fase de oposición en dichos procedimientos versará sobre el desarrollo y defensa de una programación didáctica con referencia a los curricula vigentes, y no será eliminatoria respecto a la fase de concurso». También propone que la experiencia docente en centros públicos se valore en la fase de concurso «priorizándose significativamente respecto a la formación académica u otros méritos» hasta un máximo de 15 años.
Por su parte, UGT propone otra redacción, según la cual la fase de oposición constaría de «una única prueba estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio» y detallando el contenido y las características que debería tener cada una de ellas, de acuerdo al contenido de las enmiendas al que ha tenido acceso Europa Press.
Considera que «se debe desarrollar la fase de oposición mediante pruebas no eliminatorias (que se ha de superar con una puntuación de 5) de manera que se ofrezca la oportunidad a todos los opositores de demostrar sus capacidades y competencias tanto en el ámbito de conocimiento de la materia como en el didáctico y pedagógico», un proceso que, dice, «ofrecería todas las garantías jurídicas».
QUE PESE MÁS LA EXPERIENCIA
En el Gobierno no opinan lo mismo. «Se ha tomado la decisión de hacer las pruebas eliminatorias, ya que así lo aconsejan la mayoría de las comunidades, los informes jurídicos, la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público y cinco sentencias del Tribunal Constitucional, en defensa de los principios del mérito y capacidad», dijo tras la Conferencia Sectorial el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, para argumentar que un sistema diferente podría conllevar la «impugnación» del proceso y, por tanto, «el caos».
En cuanto a los asuntos que sí contaron con consenso en aquella reunión con las comunidades autónomas, el primero fue aumentar hasta el 40% la ponderación de la fase de concurso dando así más peso a la experiencia profesional (ahora es del 33,3%) en detrimento del resultado de las pruebas, que se queda en un 60% frente al 66,6% de hoy día.
Sobre este asunto hay una enmienda al informe de la ponencia del Consejo Escolar. Miguel Á. Recio, de CCOO, ha propuesto que la fase de oposición pese un 55% en el resultado de la nota y queden en un 45% la fase de concurso para «tener en cuenta los derechos del profesorado interino, cuya situación es debida a la alta tasa de temporalidad del empleo educativo generada durante la crisis económica».
Asimismo, en la Sectorial se acordó incrementar los temas elegidos al azar para el desarrollo por escrito del aspirante y aumentar la valoración de la experiencia docente previa a la fase de concurso, pasando a un máximo de siete puntos frente a los cinco de ahora. También se pacto subir el número de años de experiencia docente previa para el cómputo.
CCOO propone también modificar este punto. Cree que para fortalecer a ese personal interino en la fase de concurso, la experiencia previa debe recibir un máximo de diez puntos (el decreto propone 7), la formación académica un máximo de dos puntos (ahora se prevén 5) y «otros méritos» un máximo de un punto, frente a los dos que plantea el Gobierno. Concluye instando que los aspirantes no puedan «alcanzar más de 13 puntos por la valoración de sus méritos», cuando el borrador del Gobierno los fija en 10.
