La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de renovación de vehículos del transporte sanitario urgente no asistencial y del transporte programado en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, tras distintas reuniones con la empresa adjudicataria, de tal forma que en los próximos meses se renovarán hasta 140 ambulancias, lo que supone cambiar el 40% del parque de vehículos.
Quizá tengo algo que ver las más de 500 reclamaciones que los usuarios de estas ambulancias han hecho, la mayoría en el transporte programado, y unas 40 en el de urgencia, pero la cifra no es poca cosa. Más de medio millar, como decimos, en tan solo 6 meses, y la mitad de ellas, en la provincia de Ciudad Real.
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes para hablar del transporte sanitario terrestre, ha detallado también que, fruto «del seguimiento exhaustivo» del contrato de prestación de este servicio -adjudicado en abril de 2017-, se han renovado hasta 19 UVI móviles en esas tres provincias, que se han cambiado por vehículos nuevos con un carrozado adecuado, ya que el anterior «cimbreaba demasiado y molestaba el ruido».
Del inicio de la prestación del servicio, ha destacado que mientras en las provincias de Cuenca y Toledo se registraron las incidencias «habituales», en el caso de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara -donde la adjudicataria fue SSG- hubo incidencias «comunes destacadas» como vehículos con falta de material, carrozado deficiente o falta de una limpieza adecuada.
Aunque pese a ello «se prestó el servicio garantizando unas condiciones de seguridad», el Sescam inició un expediente de información previa, que derivó en un expediente sancionador para los lotes adjudicados en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, por importe de 15.000 euros en cada lote.
Según ha comentado, en las cinco provincias, entre diciembre de 2017 y enero 2018, se inspeccionaron un total de 226 vehículos, subsanándose el 90% de las incidencias detectadas en la primera inspección. El Sescam ha realizado un seguimiento «estricto» de todas las incidencias «imponiendo las correspondientes sanciones» y, además, se han solicitado certificados de los talleres competentes sobre aquellos vehículos en los que, tras las reclamaciones de los usuarios, se detectaron deficiencias técnicas.
En cuanto a las inspecciones sanitarias de vehículos, «en el momento actual todas las ambulancias tienen la certificación en vigor», ha detallado Leal, que ha explicado que cada adjudicataria está obligada a presentar en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario un listado actualizado de la flota, y se realiza un control de la misma.
RECLAMACIONES
El transporte sanitario urgente, entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, registró un total de 35 reclamaciones de las cinco provincias sobre 118.997 servicios realizados, lo que supone un 0,02% de quejas, fundamentalmente por retrasos en la asistencia, el trato recibido por el personal o por no estar de acuerdo con la asistencia recibida, y de todas ellas se ha abierto expediente informativo, según Leal.
En cuanto al transporte programado, en esas fechas se recibieron 488 reclamaciones, lo que supone el 0,06% sobre el total de los 752.994 traslados realizados, que se tradujeron en 450 expedientes informativos, de los que 34 se abrieron en la provincia de Albacete, 243 en Ciudad Real, 29 en Cuenca, 81 en Guadalajara y 63 en Toledo, dando lugar a 54 sanciones a las adjudicatarias por incumplimiento.
En concreto, nueve de esos expedientes se abrieron en la provincia de Albacete, por valor de 12.808 euros; 36 de ellos en la de Ciudad Real, alcanzando los 49.224 euros de sanción; tres en Cuenca, por valor de 3.603 euros, y seis en la provincia de Guadalajara, que sumaron 12.601 euros. Actualmente, hay abiertos en fase de instrucción aunque sin resolver un expediente en Albacete, once en Ciudad Real, dos en Guadalajara y otros dos en Toledo.
Tras las intervenciones de los grupos, la directora gerente del Sescam ha subrayado que en ningún momento puede la Administración regional «favorecer a una u otra empresa» aunque no le guste el resultado y ha añadido que retirar la adjudicación era algo «muy técnico» que dependía de los servicios jurídicos, que fueron los que aconsejaron no hacerlo.
Leal ha incidido en que las incidencias que hubo en un primer momento «están dejando de suceder», asegurando que el Sescam está atento a cada reclamación del servicio, incluso las denuncias que se realizan de forma anónima, y «todas son comprobadas» y si se aprecia que se puede mejorar o abrir expedientes informativos se hace.
Respecto a la gestión pública del servicio, sugerida por Podemos y a la que el PP «no es contrario», ha manifestado que Baleares ha dejado en manos de una empresa pública el transporte urgente y que hay que «andar con pies de plomo, analizar experiencias y sacar conclusiones».
«Hay que estar pendientes» porque si se demuestra que supone mas calidad, mas eficiencia y un mejor servicio a mejor precio «tontos seríamos de no empezar a iniciarlo», ha destacado.
PODEMOS: «FUE UN VERDADERO CAOS»
Tras su intervención, la diputada de Podemos María Díaz ha señalado que hablar de «pequeñas incidencias» en el transporte sanitario es «quedarse corto», ya que lo ocurrido fue «un verdadero caos», convencida de que «posiblemente deberían haber retirado el concurso» teniendo en cuenta que de las tres empresas adjudicatarias «ninguna tenía el cien por cien de los recursos humanos, materiales y organizativos» que establecía el pliego de cláusulas administrativas.
«A nosotros nos da igual la empresa que esté, siempre que cumpla lo indicado», ha señalado, añadiendo que el órgano de contratación «no puede taparse los ojos» ante los hechos. Ha asegurado que «no se está coordinando adecuadamente en materia de riesgos laborales» ni se está cumpliendo el convenio colectivo vigente en la actualidad, a lo que ha sumado la «gran preocupación» que existe en torno a las bases donde se ubican los vehículos.
Entre otras cosas, ha preguntado por la formación y las nóminas de los trabajadores, convencida de que «son muchos detalles» los que apuntan al «incumplimiento del pliego de condiciones» y cuestionado si «están siendo suficientes los expedientes» abiertos, a cuya cifra no cree que haya que «restarle importancia».
La socialista Isabel Abengózar ha insistido en que en la última contratación se ha avanzado «muchísimo» respeto a la de los cuatro años del PP, en los que «solamente se tuvo en cuenta el criterio económico», lo que «vino en detrimento de la calidad del servicio», lamentando la demagogia que hace el PP «con casos puntuales que se han podido dar».
PP: «¿QUÉ SE CUMPLE DEL PLIEGO?»
Crítico se ha mostrado el diputado del PP Lorenzo Robisco, que ha pedido a la directora gerente del Sescam que diga «qué artículos» en concreto se cumplen del pliego de condiciones, tras enumerar numerosas irregularidades que les han hecho llegar los trabajadores de ambulancias especialmente de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, y la ha acusado de haber cometido «una grandísima irresponsabilidad» exonerando a la empresa de «responsabilidad».
Entre esas irregularidades ha citado situaciones de «explotación» a los trabajadores, adjudicaciones «de mala manera», incumplimientos en la ITV y con la comida de los trabajadores, temperaturas de vehículos de 32 a 34,5 grados «donde si meten a una persona o un animal se muere», ratas en algunas de las bases, rampas que «no se sabe si son para transportar ganado o personas», y camillas atadas con vendas.
Robisco se ha mostrado convencido de que los expedientes informativos «no sirven de mucho», pidiendo explicaciones a Leal sobre «qué va a hacer y cuánto tiempo va a continuar avalando a la empresa» que se encarga de la gestión de esas provincias, que «dice que es buena».
