Los presidentes de la Organización Colegial de Enfermería de España de todas las comunidades autónomas han respaldado de forma unánime las actuaciones desarrolladas hasta el momento por el Consejo General de Enfermería (CGE) para denunciar el «intento encubierto de privatización» de la Atención Primaria, la «mal llamada Farmacia Comunitaria o Farmacia asistencial».
Así se han manifestado durante una reunión informativa en Madrid a la que han acudido para analizar los principales temas de la profesión enfermera, de los pacientes y de la sanidad en general. Entre los temas tratados, el que más debate ha suscitado entre los dirigentes y representantes de los Colegios Oficiales, Consejos Autonómicos y del CGE ha sido el de la Farmacia Comunitaria y, en concreto, «el apoyo que está encontrando de algunas comunidades autónomas a pesar de no tener respaldo legal alguno».
«Mediante este movimiento, hasta ahora clandestino, algunas oficinas de farmacia están pretendiendo hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio. En este sentido, cabe destacar la clara pretensión de facturar por todos estos servicios a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente, tal y como han reconocido públicamente en varias ocasiones. Se trata de actuaciones con pacientes vulnerables que requieren de las garantías de independencia clínica que sólo pueden asegurar las profesiones médica y enfermera. Más si cabe cuando el cuidado de los crónicos es uno de los ejes de la actividad enfermera», critican desde el CGE en un comunicado.
En este sentido, los presidentes han mostrado su «preocupación» ante la «actuación irresponsable» de varias comunidades autónomas, que «ya están legislando en este sentido, buscando supuestos ahorros y basándose en estudios facilitados por los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud, pilar fundamental del Estado de Bienestar español».
Así, han vuelto a recordar que la especialidad de Farmacia Comunitaria «no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española», y han recalcado que los especialistas en ‘Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria’ tienen que superar una oposición del Estado y, posteriormente, estar dos años, hasta cinco en el caso de los médicos, de residente en el Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que «un farmacéutico que se hace llamar comunitario se autocalifica como tal sin control estatal ninguno».
«Los enfermeros tenemos la obligación de velar por la salud de las personas y proteger la seguridad de los pacientes, y este mandato es el que nos lleva a denunciar esta situación, porque además de suponer una privatización injusta de la sanidad pública, conlleva un importante riesgo para los pacientes», han advertido.
Además, la Organización Colegial de Enfermería ha mostrado una vez más su «preocupación» ante la «irresponsabilidad» de algunos consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, que «están haciendo peligrar el sistema sanitario al dejar en manos de unos establecimientos privados y comerciales la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria». «Una situación que carece de respaldo jurídico, conlleva un importante riesgo para la salud de las personas y supone una clara invasión de las competencias profesionales», alertan.
En concreto, apuntan a Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia, comunidades que, en su opinión, «están dando pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a la historia clínica del paciente, y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos».
En este sentido, señalan que la complejidad de muchos pacientes «exige que tan sólo enfermeros y médicos sean quienes pueden garantizar la seguridad y salud de los pacientes, sin más interés que su propia deontología profesional».
Cerrando con este tema, varios presidentes y miembros de las juntas directivas han mostrado su «oposición» ante el hecho de que un médico o una enfermera no pueda ser titular de una farmacia y prestar servicios asistenciales «desde la más absoluta legalidad, siempre y cuando tengan un farmacéutico contratado que pueda prestar atención al público».
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
Respecto al actual proyecto de legalización de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios, que ya llevan a cabo los enfermeros en su trabajo asistencial diario «sin el necesario respaldo jurídico», los presentes han coincidido en la necesidad de conseguir que haya una regulación legislativa «cuanto antes».
La Asamblea ha valorado formalmente la necesidad de que el actual Real Decreto de prescripción enfermera, pactado entre médicos y enfermeros, sea aprobado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «cuanto antes», así como han resaltado la necesidad de poner en marcha un diálogo con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, y su equipo para «concienciarles al respecto».
Asimismo, numerosos presidentes han convenido en que hay que ir «más allá» del actual proyecto de Real Decreto, poniendo de manifiesto la necesidad de modificar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y la llamada Ley del Medicamento para «incluir a las enfermeros como profesionales prescriptores de medicamentos en iguales condiciones que los médicos, odontólogos y podólogos».
MODIFICAR LA LOPS
Finalmente, los representantes de los enfermeros españoles han mostrado también la necesidad de modificar igualmente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), porque, a su juicio, dicho texto lleva a cabo una «definición incompleta de la profesión y una clasificación obsoleta de las profesiones sanitarias a nivel de licenciados y diplomados».
«Sin embargo, a día de hoy, los estudios de enfermería han pasado a ser un Grado Universitario de 4 años de duración y por tanto tiene el mismo nivel que las antiguas licenciaturas. Médicos, farmacéuticos y enfermeros tienen el mismo nivel académico: el grado universitario», lamentan.
