El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha ofrecido datos sobre la foto fija de la situación de la agricultura ecológica, poniendo de manifiesto que ya hay 8.089 agricultores dentro de este sector trabajando en 327.000 hectáreas de terreno agrícola.
Estos datos han sido defendidos por el PSOE, pero puestos en duda por las bancadas de Podemos y PP. Así, mientras el diputado morado David Llorente ha avisado de que el Tribunal Superior de Justicia está próximo a pronunciarse ante varios recursos interpuestos por agricultores ecológicos, la ‘popular’ Lola Merino ha aseverado que desde el Parlamento Europeo se enviará a un equipo investigador a Castilla-La Mancha para analizar la gestión de las ayudas.
Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto desde la tribuna de oradores que para estos más de 8.000 agricultores van a parar 236 millones de euros correspondientes a las ayudas europeas articuladas en el Plan de Desarrollo Rural, el 15% del total de estos fondos, cuando la media europea es del 6%, según sus cálculos.
«A lo largo de estos tres años de este Gobierno se puso en marcha línea específica para incorporar a nuevos agricultores y para la conversión de cultivos, lo que trajo a 1.464 nuevos agricultores ecológicos», ha considerado, recordando además que la gestión de este ámbito ha merecido las felicitaciones de instituciones europeas.
PODEMOS: «LAS AYUDAS SON MENORES QUE EN OTRAS CCAA»
El diputado de Podemos David Llorente ha dicho al consejero que si bien es cierto que la superficie es muy grande, –algo que achaca a la amplitud del territorio castellano-manchego–, las ayudas a agricultores ecológicos de la región son «significativamente menores que en otras comunidades autónomas».
Tras hacer un alegato de los beneficios de la agricultura ecológica y reclamar más inversión para garantizar un «futuro sostenible», Llorente ha lamentado que los últimos gobiernos de PP y PSOE estén «maltratando» al sector.
Sobre el PP, ha dicho que es «antiecológico, el partido de los trasvases, del impuesto al sol y del insulto al movimiento ecologista»; mientras que al PSOE le ha recordado que en este mandato también aplica recortes a la agricultura ecológica mientras «favorece» la ganadería extensiva.
Ha afeado también que este Gobierno «no reconozca» como interlocutor legítimo a la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica.
Llorente ha defendido la «posición constructiva» de su partido al respecto, ya que han apelado a acuerdos y han enmendado los presupuestos regionales para dotar de 14 millones de euros más las ayudas para este tipo de cultivos, mientras que la Consejería de Agricultura ha usado ese incremento para primar la conversión de cultivos, lo que provoca «no consolidar» al sector.
El parlamentario ha puesto el acento en que incluso el «recorte de primas» ejecutado en Castilla-La Mancha a estas ayudas está judicializado, y hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la región que podría ordenar el pago retroactivo de aportaciones a los agricultores, lo que «supondría un desbarajuste presupuestario».
PSOE DEFIENDE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
De otro lado, el diputado socialista Emilio Sáez ha defendido la gestión del Gobierno en este sentido, poniendo en valor que se hayan sacado adelante «importantes iniciativas» en favor del sector primario y reconociendo «el esfuerzo realizado» por todo el Ejecutivo.
Además, ha dicho, se ha conseguido «llevar a buen puerto el Programa de Desarrollo Rural» que el anterior Gobierno del PP «dejó a la deriva».
«Queda claro cuál es el compromiso de este Gobierno con la agricultura ecológica. Es un 86% mayor que el que tuvo el Gobierno de la señora Cospedal», ha enfatizado.
Por ello, ha considerado que los diputados del PP «no podrán ocultar la mala praxis» ejercida en su última orden de subvenciones, ya que «venía trucada». Por contra, fue en mayo de 2016 cuando el Gobierno actual «abrió nuevas convocatorias» para solucionar lo que había quedado sin resolver.
PP: «EL PARLAMENTO EUROPEO VENDRÁ A INVESTIGAR»
La parlamentaria ‘popular’ Lola Merino, por su parte, ha comenzado su intervención afeando las «mentiras» que en su opinión el consejero del ramo ha vertido a cuenta de la agricultura ecológica.
Ha tenido también palabras para el diputado de Podemos David Llorente, a quien le ha espetado que «no tiene sentido que critique al Gobierno» cuando Podemos también forma parte del Ejecutivo.
La ciudadrealeña ha ofrecido datos de la gestión del PP, esgrimiendo pagos superiores a los 50 millones de euros a lo largo de sus años de mandato, culminados con una «subida de primas» en 2015.
«Nosotros pagamos, garantizamos, y además subimos las primas», ha defendido Merino, quien ha avisado que las consecuencias de la «mala gestión» del Gobierno regional se verán «pronto». «No se descarta que el Parlamento Europeo mande una investigación para ver qué ha pasado con las ayudas a la agricultura ecológica».
Según sus cálculos, este Gobierno «ha echado fuera a más de 3.000 agricultores ecológicos del sistema» mientras que «aumentan el presupuesto para pagar a altos cargos de Geacam».
MARTÍNEZ ARROYO RESTA IMPORTANCIA A LAS «INVESTIGACIONES»
El titular de Agricultura ha tomado la palabra para cerrar el debate y replicar las acusaciones de los diputados de PP y Podemos. Así, ha considerado que David Llorente «enfoca mal el problema», y ha negado sus afirmaciones sobre la mejor gestión en otros territorios.
Martínez Arroyo ha rebatido a Llorente que, por ejemplo, en Castilla y León, una región con mucha más superficie que Castilla-La Mancha, «tiene 10 veces menos de superficie para agricultura ecológica».
«Ustedes se empeñan en el ‘blanco y negro’ permanentemente, e intentan llegar a la gente que está descontenta», ha dicho, indicando que aunque haya «3.000 agricultores expulsados» del sistema según el PP, «hay un 25% más de beneficiarios que con Cospedal».
Ha reconocido que las primas «son más bajas» que en la pasado mandato, pero son «más altas que, por ejemplo, en Murcia».
También ha querido restar importancia a los extremos esgrimidos por PP y Podemos sobre las «investigaciones» del TSJCM o la Unión Europea, sin ahondar más en el tema.
Ante las críticas de que no se había tenido en cuenta la voz de la Plataforma surgida para defender los intereses de agricultores ecológicos, ha insistido en que se han tenido en cuenta sus propuestas de cara a la nueva estrategia ara el sector, algo que «incluso ellos han reconocido».
RESOLUCIONES DEBATIDAS
El debate general se ha cerrado con la votación de dos resoluciones presentadas por el Grupo Podemos y el Grupo Popular. Así, Podemos pedía a las Cortes instar al Gobierno regional a aprobar en 2019 una nueva convocatoria de ayudas y elaborar un plan estratégico que permita desarrollar el potencial del sector.
Por contra, el PP pedía al Parlamento pedir al Gobierno que dote las partidas de agricultura ecológica con fondos propios si fuera necesario, «con el objetivo de que la agricultura ecológica», además de resolver y pagar las ayudas pendientes. Ambas resoluciones han sido rechazadas.
