La sala segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha acordado dos años de prisión para el ciudadano colombiano acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años, en cuyo domicilio familiar se quedó a dormir en agosto de 2015.
Además se le ha prohibido aproximarse y comunicarse con la víctima durante diez años, se le ha impuesto una pena de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o profesión que suponga contacto «frecuente y regular» con menores y tendrá que pagar 6.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Respecto a petición de expulsión del país del acusado, la fiscal ha afirmado que es una cuestión que se «dilucidará y se decidirá» en la ejecución de la sentencia ya que el abogado del acusado tendrá que aportar la documentación que acredite su situación en el país y su arraigo.
Por su parte, Concha Martín, abogada del Programa Revelas de la Consejería de Bienestar Social que presta ayuda psicológica y legal a los menores víctimas de abusos, y que ha ejercido la acusación particular en representación de la menor y sus padres, considera que «se ha hecho justicia», ya que lo fundamental en casos «tan graves y penosos sobre todo para la víctima» es que «el agresor se ha declarado culpable».
Según el escrito de la Fiscalía, el acusado estaba en situación ilegal en España y con orden de expulsión paralizada temporalmente. Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2015 cuando, tras una reunión con amigos, se quedó a dormir en el salón de la vivienda de la familia de la niña en Ciudad Real.
Alrededor de las 2.00 horas el acusado entró en la habitación de la menor donde «con claro ánimo libidinoso» se colocó al lado de la cama y la agredió sexualmente hasta que la niña comenzó a gritar y alertó a su madre, de forma que el hombre abandonó rápidamente la vivienda.
Por esto, el Ministerio Fiscal en su escrito consideraba que estos hechos era constitutivos de un delito de abuso sexual por lo que solicitó que se le impusiera a J.F.G.C. la pena de cuatro años de prisión, de los que se cumplan dos y el resto se sustituya con la expulsión del penado de territorio nacional «y, en todo caso, cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional».
Además de prohibirle que se acerque a menos de 200 metros de la niña y de su domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre durante cinco años, instó a que se fije una indemnización de 6.000 euros por los daños sufridos por la menor.
