El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), tras su reciente aprobación, se empieza a aplicar de forma provisional pendiente de la ratificación de los estados miembros.
Muchas instituciones económicas han vendido desde siempre la idea de que la división del trabajo y la especialización económica de los países, junto al comercio internacional, mejoraba la eficiencia y por tanto el bienestar de los ciudadanos.
Esto, además de estar sesgado por los intereses de un sistema económico llamado economía de mercado o capitalismo, no es del todo cierto. Y no lo es por el mero hecho de que cuando no existe una relación de igual a igual entre economías, el comercio no regulado puede, ya no beneficiar, sino perjudicar a buena parte de la población. Ponemos algunos ejemplos.
El TLCAN, acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y Méjico que entró en vigor en 1994, supuso que 20 años después el salario mínimo hubiera caído en Méjico un 23%, aumentara la desigualdad, disminuido el crecimiento del PIB y que el 48% de la población siguiera siendo pobre según el Banco Mundial. Y por supuesto ni rastro de las promesas de prosperidad y bienestar a la mayoría de ciudadanos de ambos lados de la frontera que pronosticaban los precursores.
Estados Unidos siempre ha querido un acuerdo de libre comercio con Haití. La pobreza permanente en la que se encuentra el país caribeño ha servido de excusa para que la USAID, Agencia de EEUU para la Cooperación Internacional, haya inundado Haití con arroz subvencionado con dinero público estadounidense, beneficiando a las grandes corporaciones americanas y hundiendo a los campesinos haitianos que han quedado sumidos en una terrible “inseguridad alimentaria”. Así, actualmente, y por los “acuerdos” de libre comercio entre ambos países, el 90% del arroz que consume un país básicamente agrícola como es Haití es americano, sin incremento de rentas ni aumento de poder adquisitivo a cambio. Continúa la pobreza extrema sin expectativas de mejora.
Las ayudas que recibieron Somalia, Senegal y otros países africanos por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional en los 70, acompañadas por la imposición de medidas encaminadas al recorte de subsidios, disminución de aranceles y especialización, supusieron la llegada de productos más baratos de EEUU y Europa, en algunos casos subvencionados. El libre cambio transformó unos países hasta entonces auto-suficientes en la producción de alimentos, en países pobres, dependientes, con una industria hundida y un alto desempleo.
¿Por qué el definitivamente aprobado CETA (Acuerdo Bilateral de Libre Cambio entre Canadá y la Unión Europea) perjudica seriamente la salud?
Este es un acuerdo entre dos economías totalmente diferentes, al igual que en los ejemplos anteriores, tiene como estrategia la maximización de beneficios de grandes corporaciones a costa de la desregulación normativa. Una de ellas la laboral, presionando a la supresión de derechos de los trabajadores y a la disminución de la masa salarial, con lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo y por consiguiente una disminución del PIB y del empleo. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, estima que el acuerdo afectará a la pérdida de 204.000 empleos en Europa sólo el primer año. Otra desregulación afecta directamente a los productos alimenticios. La FAO considera los acuerdos un riesgo para la salud humana.
El fomento de un comercio desregulado entre zonas tan alejadas ocasionará daños al Medio Ambiente y nos cercará más si cabe al “colapso”. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha preparado un informe que lo avala. Por otro lado los acuerdos de libre cambio potenciarán los combustibles fósiles, por lo que pone claramente en riesgo los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y por tanto la supervivencia del planeta.
Dicho acuerdo protege a inversores frente a consumidores y trabajadores. Supondría una gran “inseguridad jurídica” para la mayor parte de ciudadanos al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estados en caso de conflicto entre empresas y estados, o empresas y consumidores.
La economía ha de atender necesidades globales, y su estudio y análisis tratar de mejorar la vida de las personas. Este tratado aprobado el pasado jueves, pone los intereses de multinacionales y grandes corporaciones por encima de los derechos ciudadanos, poniendo en grave riesgo el bienestar colectivo.
Alfonso Ponce Lorente
Profesor de Economía en el IES Las Sabinas, El Bonillo (Albacete)
@Alfonsoponce10
