La directora gerente del Sescam, Regina Leal, ha firmado este miércoles el contrato para la construcción del nuevo Hospital Universitario de Toledo con los responsables de la UTE concesionaria, que fija un canon de en torno a 60 millones de euros anuales –fijo más variable– que el Ejecutivo regional tendrá que pagar por su construcción.
Así ha procedido a la rúbrica junto a los consejeros del nuevo hospital, Eduard Rius y Antonio de la Llama, y el director general de este nuevo centro sanitario, Antonio Valades.
A preguntas de los medios, Leal ha explicado que las anualidades de pago fijadas por la empresa para empezar a cobrar y «amortizar la obra» –algo que no hará hasta que estén finalizadas las mismas– establece un canon de 30 millones de euros fijos y otros 30 variables que «se empezarán a cobrar en 2019 por un periodo de 30 años».
Esto, ha continuado, «asegura los plazos de finalización de las obras porque afecta a la economía de la empresa. Cada mes que prorroguen plazou obras será un mes que dejen de cobrar», ha dicho, al tiempo que respondía así a las críticas del Partido Popular de Toledo que afirmaban que la construcción podría prolongarse hasta cinco años.
«El proyecto ha tenido muchas dificultades y de ahí el recelo del PP, sin embargo, la concesión de la licencia ya esta aquí y dice únicamente que podrá ir evaluándose el Plan de Movilidad durante la construcción, pero ya puede empezar a construir», ha sostenido.
Es un modelo que «da tranquilidad de cumplimiento de plazos», por lo que se ha mostrado confiada en que así se hará. Y ha agradecido, tanto al Ayuntamiento de la capital regional como a la Delegación de la Junta, «la agilidad en la licencia y en los permisos, respectivamente».
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
De otro lado, ha recordado que los servicios externalizados serán de lavandería, hostelería, limpieza o seguridad, «los habituales del Hospital Virgen de la Salud»; mientras que pasarán a ser públicos la gestión documental, recepción, información y centralita telefónica, así como el mantenimiento en los CEDT, tal y como «se estableció por sentencia judicial y que la Junta no recurrió».
Por último, Antonio Valades ha afirmado que los obreros irán trabajando de manera progresiva y se irán incorporando a distintas actividades, pero «en su momento de máxima actividad, podría rondar las 500 personas».
En cuanto a los aparcamientos, han dado a conocer que tendrá una tasa la zona subterránea para poder costear su ejecución, no así la de la superficie. En total serán 1.847 plazas.
