El Proyecto de Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha irá a Consejo de Gobierno para su envío a las Cortes «en los próximos meses» y recogerá, entre otras cosas, un «aumento significativo» de las sanciones. El texto, «muy ambicioso», según el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, regulará todo lo que tiene que ver con los animales domésticos.
«Castilla-La Mancha necesitaba ya una nueva ley de Bienestar Animal, entre otras cosas porque las sanciones son ridículas, están en pesetas. La ley es del año 90 y no respondía a la sociedad de hoy», subraya el titular de Agricultura en una entrevista con Europa Press, donde aclara que quedarán fuera del texto los animales que participan en espectáculos taurinos y los de producción ganadera, que tienen su propia normativa ganadera.
El texto, que recupera «una proposición de ley que se paralizó en mayo de 2011», se ha trabajado con las organizaciones y los interlocutores representativos «hasta la última coma» y durante reuniones permanentes y supondrá «un cambio enorme» respecto a la legislación actual, donde las infracciones leves «son muy leves» y las «sanciones máximas son de 10.000 pesetas».
Como ejemplo de ello, el titular de Agricultura señala que en el texto actual de 1990, se incluyen sanciones de 1.000 pesetas por maltrato y de 6.000 por matar a un animal, mientras que en la nueva legislación se pasará, por ejemplo, a sanciones de hasta 60.000 euros por matar a animales domésticos.
Martínez Arroyo ha confiado en la contribución de los grupos políticos para poder llevar «pronto» a las Cortes un texto con el que Castilla-La Mancha va a dar «un excelente ejemplo como región». «No sé si hay alguna comunidad autónoma con una ley tan arriesgada en materia de protección de los animales, pero en Castilla-La Mancha hemos dado muchos pasos como sociedad que no se van a volver a desandar».
LA LEY DE CAZA, EN UN MES
Otro texto que está «a punto de llegar a las Cortes», aproximadamente «dentro de un mes», es el Proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha, respecto al que el consejero admite que no existe «un consenso absoluto ni con los cazadores ni con los ecologistas», pero en el que se ha «avanzado muchísimo» respecto al principio del proceso gracias a las «innumerables reuniones».
Martínez Arroyo no da por agotado el proceso de interlocución en torno a este tema, en el que también espera recabar el apoyo de los grupos parlamentarios. «Sería difícil que los grupos no apoyaran una caza que mejora condiciones para los cazadores y garantiza mejores condiciones para la preservación del medio ambiente», ha confesado.
El texto, que recibió cientos de alegaciones a través de representantes del sector de la caza y los ecologistas, ha costado «muchísimo», pero se ha alcanzado «mucha sintonía» y cuando eso sucede «se enriquecen los documentos, los textos y se hace mejor el trabajo». «Si esto lo hubiéramos impuesto, como se hizo por el Gobierno anterior, hubiese sido muchísimo más sencillo, pero no es la táctica de este gobierno».
En cuanto a las novedades que incluirá la futura Ley de Caza, el titular de Agricultura destaca la apuesta por la caza social — «frente a un modelo de caza intensiva»–, que represente «los intereses sobre todo de los habitantes de los pueblos, que son los que van a mantener la caza, y en eso teníamos una coincidencia entre ecologistas y las organizaciones de cazadores, Aproca y la Federación de Caza».
SE ELIMINARÁN TASAS A MAYORES DE 65 AÑOS
Además, se han incluido cuestiones «novedosas» como eliminar las tasas para mayores de 65 años, a fin de «fomentar la actividad entre personas que han mantenido esa tradición y cultura de la caza»; se ha mejorado la definición de la caza intensiva, y se garantizan los derechos de los cazadores pero también de las empresas que van a ofrecer la caza intensiva, «respetando también los derechos del medio ambiente».
La Consejería trabaja otros texto legislativos para este legislatura, como son la Ley de Agricultura, la de Economía Circular y la de Desarrollo Rural Territorial, aunque van «a otro ritmo», respecto a los anteriores. No obstante, el más avanzado de los tres es el de Economía Circular, respecto al que el consejero espera tener un borrador que ver con los interlocutores «durante los próximos meses».
La Ley de Desarrollo Rural será «una ley muy ambiciosa, que pretende garantizar derechos de ciudadanos del medio rural de la región y su acceso a los servicios sociales, educativos, sanitarios, la banda ancha, infraestructuras y otras cuestiones territoriales y no sectoriales que necesitan de la participación de otras consejerías», y el objetivo es que esté «para el final de la legislatura».
Finalmente, la Ley de Agricultura se está empezando a elaborar e incluirá «cuestiones importantes», entre las que Francisco Martínez Arroyo destaca la seguridad jurídica para las explotaciones de titularidad compartida, algo que Castilla-La Mancha está «impulsando más que en otro lugar de España», y que supondrá «uno de los capítulos más importantes» que se quiere «definir cuanto antes».
