La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado esta mañana, en un receso del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo castellanomanchego ha comenzado los trámites para desarrollar una nueva Ley que impulsa la figura de la microcooperativa y la cooperativa rural, un objetivo avanzado en la Ley 11/2010, pero que no había tenido desarrollo legislativo, durante la legislatura anterior.
Patricia Franco ha resaltado que “es una normativa que pretende completar la regulación del sector de la economía social, que cuenta en Castilla-La Mancha con más de 2.200 empresas de economía social y que emplea a 16.400 trabajadores”. Por ello, ha confiado en contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para el impulso de esta ley que es “necesaria” y que intenta dinamizar a través de modelos sencillos y agiles en las zonas rurales, objetivo que nos planteamos como Gobierno para llegar a todos los rincones de la región que es extensa. Este tipo de iniciativas “encaja bien por la generación de empleo, por la estabilidad y porque no se pueden deslocalizar”, ha reconocido, y en ese sentido “nos permite asegurar empleo y crecimiento de nuestra economía que es lo que pretende este gobierno.
Como ha detallado la consejera, “éste es un sector estratégico para la economía regional, pues somos la cuarta comunidad autónoma de España en número de empresas, tras Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana”. Asimismo, más del 62 por ciento de las empresas de economía social de Castilla-La Mancha son cooperativas que crean el 76 por ciento del empleo del sector, por lo que es “un sector arraigado en el territorio y que crea empleo estable y de calidad, con el vínculo indefinido que supone la doble condición de trabajador y socio”. Por áreas, ha añadido, “contamos en Castilla-La Mancha con 626 cooperativas agrarias, 753 de trabajo asociado o 204 de vivienda”, además de resaltar que de los 919 municipios de Castilla-La Mancha, 438 cuentan con cooperativas de algún tipo”. El 48 por ciento de los municipios cuentan con alguna en su municipio.
La consejera ha explicado que esta Ley responde a la necesidad de desarrollar dos nuevos tipos de cooperativas, como son la microempresa cooperativa y la cooperativa rural, dos figuras que ya se contemplaban en la Ley impulsada en el año 2010, pero que “nosotros desarrollamos ahora porque con la Ley se pretende resaltar la importancia que tienen para el Gobierno las iniciativas empresariales de economía social”, además de que “en la legislatura pasada no se llevó a cabo iniciativa alguna para tramitar esta norma, aunque gran parte del texto de la Ley de Microempresa Cooperativa y Cooperativa Rural quedó ultimado en los primeros meses de 2011”.
Patricia Franco ha resaltado que “la creación de ambas figuras se ha llevado adelante con la participación de las organizaciones representativas del cooperativismo de trabajo asociado y del agroalimentario”.
En cuanto a la microempresa cooperativa, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que “las cooperativas de trabajo asociado vienen demostrando que son la forma de empresa que mejor se adapta a las consecuencias de la crisis económica”.
Además, ha indicado que es la que más empleo crea junto a las agroalimentarias y de mayor calidad, al coincidir la condición de trabajador con la de socio de la cooperativa, por lo que, “con este proyecto de Ley, se pretende dar respuesta a iniciativas empresariales de pequeño tamaño, para las que la salida común es la del trabajador autónomo o la comunidad de bienes”.
Como rasgo fundamental de la microempresa cooperativa, la consejera ha destacado la sencillez de su regulación, y por tanto, la agilidad para su funcionamiento societario. De este modo, “cualquier pequeña actividad empresarial que pretenda operar en el mercado bajo la forma jurídica de sociedad, podrá optar por una microempresa cooperativa como la fórmula más ágil y sencilla para hacer realidad el proyecto empresarial, sin los condicionantes del trabajador autónomo”.
De este modo, ha resaltado que la nueva Ley “flexibiliza tanto el número de socios, con un mínimo de dos y un máximo de diez, así como el de trabajadores por cuenta ajena que puede contratar; articula el pago de las cuotas de los socios trabajadores a la Seguridad Social; simplifica el funcionamiento de los órganos sociales de la cooperativa, reconociendo a los socios autonomía para organizar el gobierno de la empresa y, en definitiva, facilita la constitución de la sociedad al permitir que se desembolse el 50 por ciento del capital social al inicio, y el resto se haga en un plazo máximo de dos años, con un capital social de 3.000 euros”.
Primera regulación legal de la cooperativa rural, en Castilla-La Mancha
En cuanto a la cooperativa rural, la consejera ha subrayado que “este tipo de cooperativa no existe en ningún territorio del Estado”, por lo que es la primera regulación legal que se articula para desarrollar este modelo.
Patricia Franco ha indicado que “si tradicionalmente las cooperativas agroalimentarias han sido un motor de desarrollo endógeno en nuestros municipios, con la creación del nuevo tipo de Cooperativa Rural se pretende dotar a estas cooperativas de las posibilidades de ampliar sus actividades, con la finalidad de que puedan operar en cualquier sector que conjugue su desarrollo empresarial con el del entorno en el que actúan: el medio rural”.
Este nuevo tipo de cooperativa tiene como objetivo “contribuir a la dinamización de las zonas rurales, entendidas éstas como aquellos municipios de población igual o inferior a 15.000 habitantes”, de modo que puedan actuar en cualquier actividad económica y social, “fomentando el desarrollo sostenible del medio rural, al menos en dos actividades de las siguientes: agroalimentarias, explotación comunitaria de la tierra, servicios educativos, culturales, asistenciales, de iniciativa o de integración social, actividades de consumo, turismo rural, ocio y tiempo libre, acciones medioambientales, energéticas, nuevas tecnologías, protección de la dependencia, así como aquellas actividades que redunden en beneficio del medio rural”.
Por último, la consejera ha detallado que la nueva ley incluye otras modificaciones, como es el cambio de la denominación de cooperativa agraria que figura en el artículo 30 por el de cooperativa agroalimentaria, así como la eliminación de la obligatoriedad de presentar, para la constitución de la cooperativa, el certificado de denominación que expide la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, entre otras.
Igualmente, ha destacado que “con objeto de fomentar la creación y acceso de las cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro a la contratación pública, se introducen como parte de la reforma de la vigente ley de cooperativas, criterios de desempate y de reserva de contratos para las cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro”.
El Decreto de ayudas a empresas de economía social, la próxima semana
En otro orden de cosas, la consejera ha adelantado que la próxima semana está prevista la aprobación del Decreto de ayudas a empresas de economía social que se destinarán “a la promoción, inversión, mejora de la competitividad y el fomento de la comercialización, para lo que destinaremos 850.000 euros, con la intención de llegar a cerca de 100 empresas”, ha dicho la consejera.
“Estas nuevas medidas –como ha recordado-, se suman al Decreto que regula el Registro de Cooperativas aprobado en 2015, así como la puesta al día del mencionado Registro”, además de señalar que la Consejería está trabajando también en tres órdenes de tramitación electrónica para el depósito, constitución y obtención de certificaciones de denominación de estas empresas, que se aprobarán a lo largo de este año.
