Los propietarios de una discoteca situada en la localidad conquense de Las Pedroñeras han sido condenados a dos años y medio de cárcel cada uno en concepto de coautores de sendos delitos contra el Medio Ambiente por superar los niveles de ruido permitidos en el local que regentaban, al tiempo que tendrán que indemnizar con 13.500 euros a un hombre por lesiones y secuelas ocasionadas así como con otros 6.500 a una mujer.
En la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, recogida por Europa Press se considera como hechos probados que A.V.O. era propietario de la discoteca de la localidad conquense, mientras que su hijo, el también condenado A.C.V.M., actuaba como encargado de la explotación del citado establecimiento desde septiembre de 2009.
Este local, colindante con la vivienda de los perjudicados ahora indemnizados, fue objeto de quejas de dichos vecinos que les fueron transmitidas personalmente a ambos acusados, tanto por los moradores de la vivienda colindante como por efectivos de la Policía Local.
En noviembre de 2009 el perjudicado formuló denuncia ante el Ayuntamiento solicitando que se procediese a realizar las correspondientes mediciones acústicas del ruido transmitido a su vivienda. La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones del municipio fijaba un nivel máximo de ruidos de 40 decibelios por el día y de 30 por la noche, y estos eran traspasados tras las mediciones en 9,2 decibelios por la noche y 10,8 por el día.
En 2010, por Decreto de Alcaldía se inicia expediente sancionador al titular del establecimiento, y una vez tramitado se realizaron nuevas mediciones. En esta ocasión, se volvió a rebasar el límite establecido, superando incluso los niveles de la última medición.
PRIMERA MULTA EN 2011
La primera multa, de 300 euros, llegó en febrero de 2011 por la comisión de una infracción muy grave de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Tras esta sanción, a los pocos días, se realizó una nueva medición de los ruidos reales transmitidos a la vivienda, pero en esta ocasión el resultado arrojó 52,1 decibelios por la noche y 50,6 por el día, casi duplicando el máximo permitido. Por ello, en el mes de marzo se precintó el aparato emisor de los ruidos e instalando un limitador de volumen. En este momento, ambos condenados fueron advertidos de que la manipulación del precinto podría conllevar incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.
En el mes de julio del mismo año se volvió a superar el ruido máximo permitido en una nueva medición y se incoa el segundo expediente sancionador con otra multa de 300 euros.
En enero de 2012, se procedió por efectivos de la Policía Local a la clausura del establecimiento mediante el precinto de las puertas del establecimiento, pese a lo cual tres días después la discoteca estaba en funcionamiento.
Durante todo este periodo, por parte de la Policía Local de Las Pedroñeras se han incoado 46 atestados por desobediencia.
LESIONES DE LOS AFECTADOS
A consecuencia de la exposición prolongada a los ruidos provenientes de la discoteca, el vecino afectado sufrió un cuadro clínico de trastorno de ánimo, con manifestaciones psicopatológicas de ansiedad y ánimo deprimido, precisando de tratamiento médico continuado para su estabilización y de tratamiento psicofarmacológico, estando incapacitado para sus ocupaciones habituales durante 140 días, quedándole como secuelas un trastorno adaptativo con clínica de ansiedad.
Por su parte, la vecina, como consecuencia de la exposición prolongada a los ruidos provenientes de la discoteca, presentó un cuadro clínico consistente en trastorno de estado de ánimo con manifestaciones psicopatológicas de ansiedad y ánimo deprimido que ha precisado de tratamiento médico continuado para su estabilización. Recibió tratamiento psicofarmacológico y tardó en curar 70 días, quedándole como secuela un trastorno adaptativo con clínica de ansiedad.
Además, ambos afectados se vieron obligados a trasladar su residencia a otra vivienda, mientras que los acusados «han tenido perfecto conocimiento en todo momento del resultado de las mediciones realizadas por la Policía Local desde el inicio de ambos expedientes sancionadores», según la sentencia.
