El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado como «constructiva y positiva» la reunión previa a la Conferencia de Presidentes de la próxima semana celebrada este miércoles entre las comunidades autónomas y la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, si bien ha acentuado que queda pendiente de acordar una solución a la financiación de la ley de dependencia.
En rueda de prensa, Martínez Guijarro ha explicado que éste es uno de los extremos que más preocupan, ya que, atendiendo a la ley estatal, el Estado debería aportar la mitad del coste total de la Dependencia, pero en Castilla-La Mancha solo afronta el 16 por ciento, de manera que el 84 por ciento restante corre a cargo de las cuentas regionales.
Según ha dicho, la deuda que mantiene el Estado con Castilla-La Mancha en esta materia es «muy importante», ya que incluso «es superior a la capacidad de déficit que tiene la Comunidad Autónoma».
En la reunión de este miércoles se acordó conformar un grupo de trabajo previo para elaborar un nuevo sistema de financiación que incluya este aspecto, estrategia que para Martínez Guijarro ha de tener un nuevo diseño y no basarse un una simple revisión del actual.
A su juicio, la aplicación de la ley de dependencia «es uno de los grandes agujeros de las regiones y provoca problemas para cumplir los propios objetivos de déficit marcados por el Estado». Martínez Guijarro ha destacado que su homóloga en La Moncloa «se comprometió a dar una nueva redacción a ese acuerdo».
AVANCES EN OTROS ACUERDOS
Sobre el resto de asuntos, el ‘número dos’ del Gobierno regional reconoce que hubo «avances» que ha celebrado. Así, ha repasado que se incorporará un nuevo punto en el orden del día del próximo martes para hablar de empleo, de manera que se tratarán un total de 10 asuntos entre los líderes autonómicos.
Al respecto de los otros nueve asuntos, ha recalcado que se abordará un debate sobre los retos demográficos que afectan a regiones con problemas de despoblación y envejecimiento; se hablará de un pacto político educativo en el que tendrán protagonismo las comunidades autónomas; se llegarán a acuerdos en cuanto a un bono social en materia energética; y se estudiará la puesta en marcha de una tarjeta social para conocer y agrupar el nivel de ayudas recibidas por los ciudadanos.
Se han llegado a acuerdos para aprobar que las regiones participen más en las relaciones con la Unión Europea; y se dotará de mayor operatividad a la Conferencia de Presidentes creando una Comisión de Impulso y Seguimiento de los acuerdos de la reunión que se reunirá semestralmente.
Otra de las reivindicaciones abanderadas por Castilla-La Mancha en la reunión de este miércoles pasaba por solicitar la eliminación del límite en la tasa de reposición a la hora de aprobar ofertas de empleo público en las ramas de sanidad, educación y servicios sociales, a la que según Martínez Guijarro se sumaron las comunidades autónomas uniprovinciales reclamando el mismo tratamiento para las plantillas de servicios de emergencias.
